Pascuala Pérez, del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Chiapas, afirmó que las comunidades en riesgo de ser desalojadas en la región de Montes Azules viven con miedo y en un estado permanente de alerta, pero que se mantienen firmes en la postura de no dejar su tierra, que es el futuro de nuestros hijos.

Seguiremos en la lucha hasta que el gobierno reconozca el derecho y la seguridad jurídica; hasta ahora no ha tomado en cuenta la petición de la comunidad, señaló en la mesa Luchando por la vida en zonas de reserva: el caso de Montes Azules, Chiapas, durante la jornada de diálogo Mujeres indígenas frente a la guerra por el control de los recursos naturales y el territorio, organizada por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Miguel Ángel García, de Maderas del Sureste AC, afirmó que la guerra contra la madre tierra, disfrazada de filantropía verde y desatada por movimientos ambientalistas, afecta directamente a mujeres y niños de las comunidades indias de Montes Azules.

Explicó que esto se debe a que las mujeres no participan en las negociaciones para el desalojo o la reubicación de la comunidad, y la mayoría de las veces se quedan sin patrimonio ni dinero porque los jefes de familia hicieron mal uso de lo que les dio el gobierno a cambio de las tierras.

Magali Barreto, antropóloga de la UNAM, señaló que las pocas mujeres que participan activamente en la vida de la comunidad, pagan con la soltería el precio de su participación política.

García añadió que la nueva forma de guerra contra la naturaleza estriba en secuestrar las áreas naturales bajo el argumento de una supuesta protección, en aras de intereses económicos.

Martha Villavicencio, catedrática de la UNAM, aseguró que organizaciones ambientalistas internacionales en alianza con sus similares en México han provocado desde 2001 que expulsen a las comunidades indígenas de su territorio acusándolas de delitos ambientales.

Advirtió que estos criterios de protección al medio ambiente no pueden sustituir los criterios democráticos y sociales que son los que deben anteponerse a la hora de reubicar a una población.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que desalojar a una comunidad de donde vive es violar su derecho a la vivienda, así como sus derechos económicos, sociales y políticos, afirmó.