Los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Francisco Blake Mora y Genaro García Luna, respectivamente, se reunieron ayer en privado con los senadores del PAN para tratar de convencerlos de que voten en favor de la reforma constitucional dirigida a establecer el mando policial único en las entidades federativas, pero encontraron la oposición de prácticamente toda la bancada blanquiazul a esa iniciativa presidencial.

Durante la encerrona, García Luna fue el más cuestionado; incluso, Federico Döring le preguntó quién va a certificar la dependencia a su cargo, ya que los miembros de las corporaciones policíacas estatales y municipales serán sometidos a exámenes de capacidad y honestidad.

De acuerdo con versiones de legisladores asistentes al encuentro –realizado en la Torre Azul–, el funcionario respondió que ese punto deberá incluirse en la iniciativa presidencial, porque no está considerado. Los cuestionamientos fueron muchos. Una docena de senadores, entre ellos Ramón Galindo, Beatriz Zavala y Alejandro Zapata Perogordo expusieron las inconsistencias y partes no aplicables del proyecto del Ejecutivo y adelantaron que trabajan en una contrapropuesta que mantenga la autonomía municipal.

Los panistas dejaron claro a los funcionarios que no están de acuerdo con dejar a los gobernadores el mando único de los cuerpos policiacos, ya que tendrían facultades extraordinarias, como la de nombrar y remover a los jefes de corporaciones estatales y municipales, y podrían usarlas con fines político-electorales.

Zavala expuso la experiencia que vivió durante las pasadas elecciones en Yucatán, donde –dijo– fue hostigada y perseguida por la policía estatal, por encargo de la gobernadora priísta, Ivonne Ortega, cuando contendió por la alcaldía de Mérida.

Por su parte, el senador Galindo, quien fue alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo a García Luna que los panistas coinciden con la urgencia de realizar cambios, ya que la estructura policiaca no es la más adecuada y ha resultado ineficiente para combatir el crimen organizado, pero la forma en que Felipe Calderón lo propone en su iniciativa no es la más conveniente.

Agregó que mientras la reforma a los artículos 21 y 115 constitucionales no tenga un contenido realmente subsidiario y de respeto al federalismo, no va a pasar. Recalcó que no le queda claro por qué se pretende dar más presupuesto, más poder y más facultades a las procuradurías y los gobiernos estatales, pese a que son los más ineficientes y atrasados en el combate al crimen organizado.

García Luna respondió que los gobernadores van a ser evaluados. Sí, pero en la reforma eso no se establece, replicó Galindo.

Zavala hizo notar al funcionario que el proyecto tampoco incluye los supuestos por medio de los cuales la Secretaría de Seguridad Pública asumirá el mando y la conducción de los órganos estatales, ni los supuestos en que se harán cargo de los cuerpos municipales.

Respondió que eso vendrá en la legislación secundaria, lo que tampoco dejó satisfechos a los legisladores panistas, y varios destacaron los riesgos de elevar a nivel constitucional una disposición de esa naturaleza sin precisar las circunstancias específicas.

Los legisladores adelantaron a Blake y García Luna que su propuesta alternativa, a fin de que los estados puedan asumir el mando policiaco único en cada entidad, es que se haga por medio de convenios específicos con los alcaldes. Estos mantendrían bajo su cargo la policía preventiva, la que deberá acatar las órdenes del mandatario estatal en los casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.