l diputado priísta Francisco Rojas estaba muy molesto. Tres cosas le amargaban el día: la violencia, la falta de respeto a la legalidad y los pobrecitos derechohabientes que podrían quedarse sin sus medicinas. Los causantes de su enojo eran los miembros de PRD y PT que mediante ocupación de la tribuna y presión física habían impedido que se cumpliera uno de los compromisos bajo el agua que con el Partido Verde Dolarista se habían negociado a cambio de apoyos electorales (y maniobras como la presentación de la propuesta en el estado de México contra las alianzas de partidos, para que el tricolor no se manchara las manos).

Círculo perfecto de corrupción de cuello blanco o, más bien, de dorado botón legislativo en la solapa del traje: los chicos del botón dorado. El negocio familiar de los González (Jorge González Torres fue el fundador, y Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, es el actual senador gerente), conocido por sus siglas, PVEM, que nada significan en términos ecologistas pero sí mercantiles, había conseguido en cambalache con el PRI que le aprobaran una suculenta vía de triangulación de recursos: cuando no hubiera medicina en los estantes del Seguro Social –lo que sucede todos los días en todo el país– se libraría un expedito vale para que las sustancias recetadas fueran surtidas en alguna empresa circunstancialmente autorizada para hacer negocio privado con las carencias públicas: sí, en las multiplicadas farmacias del tío Víctor González Torres, el famoso doctor Simi y sus habilitaciones genéricas de dudosa eficacia pero aplastante publicidad. Negocio en familia, sin mucho riesgo de que el Niño Verde Dólar fuera captado en algún video indiscreto como sucedió en 2004, cuando fue pillado negociando la entrega de 2 millones de dólares a cambio de influir para que se otorgara un permiso turístico en Cancún.

Al contador público Rojas mucho le molestó que una minoría de izquierdistas reprodujera en la cámara de diputados una ínfima parte de la violencia social que la mayoría de esos legisladores dorados provoca en las calles y las familias mexicanas con sus tretas legales de blanqueo congresista de dinero. La preocupación no era la inaceptable insuficiencia del Seguro Social, su manejo deplorable y el desabasto que no debería existir, sino el asunto de los simivales. Un boletín de prensa del grupo parlamentario priísta tenía como título: “La toma de la tribuna por el PRD es un crimen contra la salud de los mexicanos”. Bueno, más bien, para las cuentas bancarias de la familia González: del tío Víctor y el sobrino Niño Verde, y para los arreglos políticos del PRI con el PVEM a cuya cuenta se había acordado el pago en especie: lo mismo, pero (no) más barato. La sesión que debía aprobar los acuerdos genéricos fue suspendida por falta de quórum pero, sobre todo, por exceso de protestas: Agustín Guerrero, de la franja lopezobradorista de la bancada del sol azteca, fue uno de quienes obstruyeron la continuidad del proceso legislativo que intentaba el presidente de la mesa directiva, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. Al final, suspendida la aprobación prometida, pendiente el desenlace para este martes próximo en que la aplanadora de tres colores demostrará su violencia numérica, seguía muy enojado el diputado Rojas, quien fue secretario de la contraloría con Miguel de la Madrid, director de Pemex con Carlos Salinas (su hermano, Carlos, fue secretario de desarrollo social) y ahora coordina la bancada priísta en San Lázaro en nombre de ese mismo jefe máximo que prepara un retorno copetón a Los Pinos: el simisalinismo.

En otro flanco de la expansión gastronómica salinista, el Instituto Federal Electoral (tal es su denominación de origen), todo se alistaba para dejar sin sanción al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pues a nadie se le puede acusar de actos adelantados de campaña si no ha sido designado formalmente como candidato a nada. En cambio, como una especie de compensación menor, se propondrá que el consejo general del IFE apruebe una sanción económica al Partido del Trabajo por difundir promocionales en los que se estaría causando daño a la figura de quien ocupa la Presidencia del país. Los proyectos de dictámenes se discutirán hoy, pero todo apunta a que la torpe maquinaria de organización electoral dará marcha atrás en su intento de microdesafuero mediático, si acaso intentando un castigo pecuniario al partido involucrado.

El Sindicato Mexicano de Electricistas, sin embargo, sí fue alcanzado por la mano dura, tan ansiosa como está de meter orden y aplicar castigos ejemplares. El país tomado por delincuentes impunes, pero fuerzas federales se aplican en táctica y número a detener en Puebla a Miguel Márquez, un integrante de la directiva de la organización en resistencia, luego de un mitin. José Antonio Almazán y Cecilia Figueroa explicaron a esta columna: Pesan sobre Márquez acusaciones de privación ilegal de la libertad agravada contra el consumo y la riqueza nacionales, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena que, como es sabido, son las acusaciones con las que hoy el gobierno de Calderón criminaliza las luchas sociales. No debería extrañarnos. Sobre el SME pesan cientos de averiguaciones previas, con las que el gobierno ha buscado contener y desarticular un año de resistencia en contra de la privatización en curso de la industria eléctrica en el centro del país y la entrega regalada de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a las grandes empresas trasnacionales.

Y, mientras un comandante pinolero se encamina a ganar de manera aplastante el concurso nacional de calaveras, con 30 mil creaciones, y en tanto sigue la telenovela narcopolítica con el actor Godoy, ¡feliz fin de semana, con un miembro de la Guardia Nacional de Texas asesinado en Ciudad Juárez, lo que podría crear más problemas al calderonismo que las decenas de miles de mexicanos caídos!

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