Montevideo, 21 de octubre. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley para eliminar los efectos de una polémica norma previa que limita los juicios por crímenes ocurridos durante la dictadura militar de 1973 a 1985, conocida como la Ley de Caducidad, lo que habilitaría nuevas investigaciones por desaparecidos.

La iniciativa fue aprobada anoche por los 50 diputados de la izquierda gobernante Frente Amplio contra 30 votos de la oposición y pasará a la Cámara alta, donde su futuro es incierto ya que algunos senadores oficialistas la rechazan.

El tratamiento del proyecto coincide con un juicio que enfrenta el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el secuestro y asesinato en Uruguay de la nuera del escritor argentino Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena, en 1976.

Estoy convencido de que una vez aprobado (el proyecto) contribuirá al esclarecimiento de delitos odiosos que atentaron contra la dignidad del ser humano, dijo en la sala el diputado oficialista Felipe Michelini al defender la iniciativa.

La Ley de Caducidad limita las investigaciones de la justicia sobre crímenes ocurridos durante la dictadura, en la que desaparecieron unos 200 uruguayos.

Para la oposición la nueva norma va en contra de pronunciamientos de la población, que ratificó la antigua ley en un referendo en 1989. El año pasado fracasó en las urnas un intento por anularla.

Lo que nos mueve a votar en contra es el respeto de la soberanía popular, dijo la diputada Ana Lía Piñeyrúa, del centroderechista Partido Nacional, durante un debate que se extendió unas 12 horas.

Uruguay enfrenta la demanda por el caso García Iruretagoyena, quien durante su cautiverio dio a luz una bebé que fue ubicada en Montevideo apenas en 2000.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país es responsable por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por falta de investigación en los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, debido a la ley que impide las pesquisas.

El gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) y el del actual mandatario, el ex guerrillero José Mujica, habilitaron investigaciones por desapariciones que comenzaron con secuestros en la vecina Argentina o antes del golpe de Estado.

Las exclusiones de la norma permitieron a la justicia investigar, encarcelar y condenar a militares y civiles por crímenes ocurridos durante la dictadura.

La polémica Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema el año pasado, aunque la resolución del organismo se aplica sólo al caso por el que fue consultado.