La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Jalisco –integrantes del Consejo de Cuenca del río Balsas– aprobaron modificar el decreto presidencial que impide a la población urbana de esas entidades tomar agua para uso público y doméstico y otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 80 por ciento del líquido de ese cauce para generar energía eléctrica.

La reforma entrará en vigor cuando el Presidente de la República emita un nuevo decreto y éste se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitirá a 339 municipios tomar 332.6 millones de metros cúbicos de esta cuenca en beneficio de aproximadamente ocho millones de habitantes, informó José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, quien coordinó la quinta sesión del Consejo de Cuenca del Balsas, que se celebró en el museo de la zona arqueológica de Xochicalco.

Según el funcionario, la modificación de la veda, a la que calificó de rígida y anacrónica, obedeció a que desde hace más de 10 años los municipios demandan abasto de agua para zonas urbanas y no se les puede otorgar porque la CFE tiene la gran concesión del río Balsas.

Identifican 9 zonas de alto riesgo por contaminación

En México existen 465 sitios contaminados con todo tipo de sustancias peligrosas o tóxicas; sin embargo, hay nueve puntos críticos: la antigua mina Rosicler, en Nuevo Mercurio, Zacatecas; la planta de Fertimex que operaba en Salamanca, Guanajuato, así como la ex empresa Cromatos de México, ubicada en Tultitlán, estado de México, informó Alfonso Flores Ramírez, director general de gestión ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También figuran en la lista Metales y Derivados de Tijuana, Baja California; los predios de la empresa Cytrar, en Hermosillo, Sonora, y el ex confinamiento de residuos peligrosos de Guadalcázar, en San Luis Potosí, aunque estos tres sitios ya son catalogados como pasivos y remediados, dijo.

Los otros tres sitios en condición de pasivos en remediación o en estudio son los jales mineros de Nacozari, Sonora; la planta abandonada de la empresa ARIC en Gómez Palacio, Durango, y la antigua mina de Villa de la Paz, en San Luis Potosí.

Una de las características de los nueve predios es que fueron abandonados por las empresas que las explotaron y dejaron a los gobiernos federal y locales la tarea de rehabilitarlos.

En la mina de Nuevo Mercurio se hicieron trabajos de remediación en 2001; sin embargo, un estudio reciente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí –financiado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana– detectó que aún hay bifenilos policlorados en la zona, por lo cual se volverán a realizar trabajos de limpieza. En la localidad viven unas 200 personas que podrían ser reubicadas.

En cuanto a la antigua planta de Fertimex en Salamanca, explicó que producía plaguicidas organoclorados, los cuales están prohibidos en el Convenio de Estocolmo, y estamos trabajando para lograr la remediación del terreno.