probada la Ley de Ingresos para 2011, los diputados y los partidos políticos a los que pertenecen confirmaron una sola cosa, por si existiera alguna duda: no tienen la mínima intención de modificar el estado de cosas, de corregir la profunda desigualdad en el país, de promover mayor recaudación fiscal por la vía de cobrar impuestos a quienes forman parte del selecto grupo que goza del institucionalizado paraíso fiscal en que han convertido a México.

El arte de la negociación de los diputados –como rimbombantemente calificó un legislador priísta el resultado de la Ley de Ingresos para el próximo año– no es otra cosa que la firme decisión de mantener las cosas intocadas, de exprimir más a los contribuyentes cautivos, de tener la cara dura para decir en público que se aprobó en beneficio de las mayorías y a favor del crecimiento económico. En realidad, lo único que hicieron fue ampliar la enorme brecha de desigualdad existente en el país y favorecer a los de siempre. Sirva de ilustración que 40 por ciento de la población más pobre se queda con 12 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento de la población más rica acapara el 38 por ciento.

Quienes aprobaron la citada ley aseguran que así saldrá el país del hoyo en el que se mantiene desde hace tres décadas, es decir, presumen lo mismo que machaconamente han manifestado a lo largo de esos mismos 30 años cada que, año tras año, palomean el paquete de ingresos. En ese periodo la tasa anual promedio de crecimiento a duras penas alcanza 2 por ciento, una proporción tres tantos inferior a la mínima requerida para que México efectivamente comience a salir no del hoyo, sino del profundo cráter en el que lo han hundido los mismos partidos políticos y sus representantes que para 2011 auguran, ahora sí, crecimiento y bienestar para la mayoría.

Todo lo anterior trae a la memoria un análisis de la Cepal, en el que se subraya que la estructura tributaria de los sistemas impositivos constituye uno de los factores que contribuye a mantener una desigual distribución del ingreso; por ello, es necesario aumentar la carga de aquellos tributos que inciden sobre los sectores con mayores recursos, es decir, lo contrario con respecto al proceder, desde hace 30 años, de los diputados mexicanos, con todo y arte de la negociación.

La desigualdad secular que padecen América Latina y el Caribe, remarca la Cepal, hunde sus raíces en nuestra historia, remontándose a los privilegios de las elites en los tiempos coloniales, y la negación de derechos en función de categorías raciales y estamentales para la inmensa mayoría del resto, hecho que confinó a gran parte de la población del continente a la esclavitud en aquel periodo. En la época republicana los privilegios siguieron reproduciéndose por medio de otras diversas maneras (desigual acceso a la propiedad de la tierra, concentración de la riqueza mobiliaria, escaso desarrollo de la salud y la educación pública, discriminación racial, etcétera); finalmente, el patrón de desarrollo y modernización perpetuó las brechas socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, la clase social y el género. Por su parte, la estructura productiva y las oportunidades educativas consagraron patrones de reproducción de la desigualdad, y en gran medida lo siguen haciendo.

La región –con México como adalid– presenta un nivel de desigualdad en la distribución personal del ingreso que es sustancialmente más alto que en otras regiones del mundo, con un coeficiente de Gini medio de 0.53, que prácticamente no se ha modificado en los últimos 20 años. Se ha documentado la situación de grave desigualdad, donde la totalidad de los países latinoamericanos tienen un índice de Gini superior a 0.4 y en la mayoría de ellos el indicador se eleva por encima de 0.5. De hecho, la nación menos desigual en América Latina es más desigual que cualquier integrante de la OCDE o cualquier país de Oriente Medio o África del Norte. De ese tamaño ha sido el resultado del arte de la negociación.

Un rasgo distintivo de la desigualdad en la región es la elevada fracción del ingreso que capta el estrato más alto, es decir, el 10 por ciento de los hogares más ricos. En promedio, este grupo concentra 35 por ciento de los ingresos totales (38 por ciento en México). En el otro extremo, el estrato conformado por el 40 por ciento de los hogares de menores ingresos capta en promedio 15 por ciento del ingreso total (12 por ciento en México), alcanzando los valores más bajos en Honduras, donde no ronda el 10 por ciento. Por otra parte, si bien las brechas entre los deciles intermedios no son tan pronunciadas, entre el decil de más altos ingresos y el que le sigue, la brecha es muy significativa. Mientras en los países europeos el ingreso del décimo decil supera en 20 o 30 por ciento al del noveno, en América Latina esta distancia suele ser mayor a 100 por ciento, y en algunos casos se acerca a 200 por ciento.

En México los gobiernos federal y estatales, los partidos políticos y sus legisladores no dejan de presumir el creciente gasto social que se destina a los que menos tienen. Lo cierto es que ese volumen de recursos públicos para lo único que ha servido es para mantener medianamente vivos a los pobres, concretar pingües negocios particulares en nombre de la pobreza y amarrar el voto de los depauperados a favor de los gobernantes y sus respectivos partidos políticos, dependiendo quién maneje la chequera. Es, en fin, el arte de la negociación, el reparto del pastel entre los de siempre y a favor de los de siempre.

Las rebanadas del pastel

Pobrecitos panistas, no tienen remedio. En el IFE partidizado y por instrucciones del inquilino de Los Pinos, los blanquiazules obligaron la comparecencia de Andrés Manuel López Obrador ante la dirección jurídica del organismo, bajo la falsa premisa de que se requiere un tercero para denigrar a la institución presidencial. Qué chiquitos, porque si lo hubieran pensado un poco les habría quedado claro que para eso basta y sobra el propio Felipe Calderón, quien no ha hecho otra cosa que deshonrar a la institución que dice representar, y de paso destrozar al país. Pero bueno, todo tiene su lado positivo: la borregada bicolor no sólo promueve al Peje, sino que le da tribuna nacional y le permite presentar propuestas que el deteriorado Instituto Federal Electoral debe atender de inmediato: si a Andrés Manuel le exige pruebas documentales de su patrimonio e ingresos, ahora está obligado a hacer lo propio con Carlos Salinas, Elba Esther Gordillo y Enrique Peña Nieto, cuando menos. Porque se trata de transparencia, no de grilla electoral. ¿O no?

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