n avance legal esperado desde hace décadas es el que propone Calderón para reformar el Código de Justicia Militar con miras a adecuarlo a lo que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se queda corto el titular del Ejecutivo, pero es loable que los delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura puedan ser sancionados por el Ministerio Público de la Federación y no por los mismos militares.

Se queda corto, dije, porque estrictamente hablando los delitos del fuero común que cometen o han cometido los militares también deberían de ser investigados y juzgados por las instancias civiles. Robo, contrabando, homicidio, alteración del orden público, retenes en calles y carreteras que no tienen justificación constitucional ni en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, revisión de personas y de sus posesiones sin orden expresa de un juez (civil), destrucción de poblados enteros y de sus posesiones, como ha ocurrido en Chiapas sobre todo en 1995, etcétera, son ilícitos contra civiles que debieran atender, lógicamente, las autoridades civiles.

El problema que veo en dicha iniciativa es la dificultad práctica a la que se enfrentarán los policías judiciales para investigar detrás de los muros militares bien protegidos por el Ejército. No me imagino, por ejemplo, una investigación de desaparición forzada de alguien que involucre una orden de un general ejecutada por un cabo y tres soldados rasos. ¿Hasta dónde podrán llegar los investigadores del Ministerio Público Federal en la jerarquía militar?

He podido percibir que los agentes del Ministerio Público Federal obedecen órdenes de los generales del Ejército. ¿Por qué y mediante qué artes ahora cambiarían las cosas? Pondré un ejemplo, creo que elocuente, que escribí en Mi paso por el zapatismo (Océano, 2005) y que, en mi opinión, refleja con claridad lo que estoy cuestionando sobre los efectos prácticos de la propuesta de Calderón.

Cuando un grupo de ciudadanos y periodistas fuimos en febrero de 1995 a Guadalupe Tepeyac y La Realidad, en Chiapas, después de que el Ejército se apoderó del territorio y destruyó el espacio que había servido para el desarrollo de la Convención Nacional Democrática (Aguascalientes, se le llamó), convirtiéndolo en cuartel militar con avisos de prohibido el paso y alambre de púas, pudimos observar: “1) que los miembros del Ministerio Público (MP) de la PGR eran los mandaderos de los soldados, 2) que el general Guillermo Martínez Nolasco […], en aquellos momentos encargado de la zona tomada (y destruida), era el jefe (el comandante de Agrupamiento de la Fuerza de Tarea Arco Iris en Chiapas) y que el agente del MP hacía lo que se le ordenaba, y 3) que para entrar a verificar lo que había en el ex Aguascalientes se tuvo que hablar con él y no con los elementos de la PGR. [Pudimos hablar con él porque entre nosotros iban Rosario Ibarra y Edgard Sánchez, ambos diputados en esos momentos, pero no nos dejaron entrar.]

“La PGR, para lo único que sirvió, además de transmitir nuestros mensajes al general Martínez Nolasco, fue para que le entregáramos, en su calidad de MP, una denuncia contra el Ejército Mexicano por 1) impedir la libertad de tránsito garantizada por la Constitución, y 2) por violar la Ley Agraria al haber invadido y destruido un ejido sin la autorización de las autoridades ejidales. Nuestra denuncia/demanda, por supuesto, no prosperó. Lo más que obtuvimos fue una declaración de la Zona Militar diciendo que en los archivos de Tuxtla Gutiérrez estaba la aprobación de las autoridades ejidales, cosa que nunca comprobamos, pues no valía la pena. El Ejército Mexicano, a diferencia de otros países, es intocable.

“Dicho sea de paso, la denuncia/ demanda, redactada por Gilberto López y Rivas y quien esto escribe, fue filmada en todo el proceso por diversos periodistas de televisión y registrada por corresponsales de prensa incluso de agencias noticiosas trasnacionales, como fue el caso de Trina Kleist, de Associated Press, quien prácticamente vivía en [San Cristóbal de las Casas] y quien me prestó su cuaderno para escribir la demanda.

“Para despejar las dudas que todavía pudieran quedar en el lector, me permitiré citar a Javier Ibarrola, quien escribía la columna titulada Fuerzas Armadas en El Financiero, y que no era sospechoso de ser crítico sino más bien de ser vocero de las fuerzas armadas. Dos años después, casi exactamente [el 19/02/97], escribió: “Las fuerzas armadas han sido llamadas para hacer frente a la subversión, primero en Chiapas y luego en otros estados de la República, donde las capuchas campean con desesperante libertad...”. Con esta afirmación Ibarrola parecía haber olvidado, o nunca se la creyó, que el papel del Ejército Nacional no era acabar con la subversión, sino coadyuvar con la PGR para aprehender a los presuntos dirigentes del EZLN. Si Ibarrola estaba interpretando libremente el papel de las fuerzas armadas, cabe señalar que una afirmación tan delicada como la citada nunca fue desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional.”

¿Funcionará la iniciativa de Calderón? Tengo serias dudas. Cedámosle la palabra a los secretarios de la Defensa y de Marina. Tal vez ellos nos puedan decir si van a permitir vulnerar los fueros especiales de que gozan hasta ahora y ser investigados por el Ministerio Público Federal.

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