Cuernavaca, Mor., 20 de octubre. La cárcel estatal y las cinco prisiones distritales de Morelos sacaron una calificación de 5.75 en las encuestas de supervisión penitenciaria –aplicadas por visitadores de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos del 14 al 18 de junio– para verificar el respeto a los siete derechos fundamentales de los reclusos, establecidos en el protocolo nacional respectivo, informó Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).

Los resultados reflejan que se violan reiteradamente los derechos humanos de los internos en el Centro de Reinserción Social Morelos, así como en las cárceles de Jojutla, Jonacatepec, Cuautla, Puente de Ixtla y Tetecala.

Uno de los problemas principales es el hacinamiento y que no hay separación entre internos procesados y sentenciados ni entre reos del fuero común y federal. Asimismo, la ausencia de una clasificación adecuada de acuerdo con el perfil criminológico.

Benítez explicó que la encuesta se aplicó a más de 350 internos, esto es, 10 por ciento de la población total, y que se entrevistó a los directores de cada centro.

Para erradicar la sobrepoblación, la CEDH recomienda construir una nueva cárcel distrital que albergue a los internos de la zona sur-poniente, dado que las prisiones distritales de Puente de Ixtla y Tetecala, que cubren esa zona, no cuentan con la infraestructura idónea, dijo la funcionaria.

Entre las medidas a corto plazo recomienda difundir el reglamento entre la población presa, aumentar el número de custodios para salvaguardar la seguridad de los internos, respetar derechos humanos de las personas portadoras de VIH-sida y adictos a drogas; mejorar la alimentación, promover mantenimiento e higiene de las instalaciones y crear mecanismos que reduzcan abusos de autoridad de custodios y directivos.

A median plazo, Benítez Villaseñor solicitó una infraestructura organizativa e institucional que apuntale de manera integral los siete derechos humanos; dar el debido seguimiento a las solicitudes y reclamos de la población que conlleve a los encargados y directivos de los centros; establecer áreas de segregación adecuadas; dar atención integral, social, médica, sicológica y siquiátrica y seguimiento a sus beneficios.

A largo plazo requirió a las autoridades estatales resolver la sobrepoblación y erradicar el hacinamiento; dar continuidad al programa de visita periódica a las prisiones mencionadas, así como al Centro Especializado de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad de Adolescente, a las cárceles femeniles y varoniles.

Los resultados de la encuesta fueron enviados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para elabor el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2010, finalizó.