La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) advirtió que si se concreta la inclusión de México en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (Acta, por sus siglas en inglés), los usuarios de la red corren el riesgo de ser sujetos de espionaje, debido a que las autoridades podrían intervenir los servidores –sin requerir de una orden judicial– con el pretexto de verificar si las descargas de música, películas, libros e imágenes, entre otros servicios, cumplen con la normatividad del derecho de autor.

Este tratado multilateral de comercio que busca regular el Internet y las tecnologías de la información ha estado empañado e identificado por la opacidad, porque no ha sido un proceso incluyente y transparente, ni ha permitido que la industria y los usuarios de la red participen. Todo lo que se conoce del Acta es a través de múltiples filtraciones, destacó Agustín Ríos, vicepresidente de la Amipci.

Afirmó que no hay una justificación de las autoridades del país sobre por qué México debe formar parte de ese acuerdo internacional. Es la fecha que no lo pueden señalar con argumentos concretos. Únicamente se limitan a decir que es para establecer y elevar las disposiciones en contra de la piratería, sobre la cual nadie está en contra; sin embargo ya se tiene en el país uno de los marcos (contextos jurídicos) más robustos para combatirla.

Lo que más llama la atención es el tema del ambiente digital. ¿Por qué si un tratado dirigido a evitar la piratería pretende que los proveedores de servicio de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) tienen que cuidar y estar al tanto de las actividades de los usuarios, violando su privacidad.

Estudios de la Amipci de este año refieren que en 2009 el número de internautas mexicanos alcanzó la cifra de 30.6 millones, quienes podrían ser los afectados directos de firmarse el Acta, cuyas negociaciones iniciaron a fines de 2007 por Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón.

Reparó que con la firma del acuerdo se corre el riesgo de que un tercero –ISP–, “so pena de una presunta violación a los derechos de propiedad intelectual, vigile y espíe lo que los mexicanos o los usuarios de Internet hacen.

Existe o puede haber una contradicción y una violación a las garantías. El artículo 16 constitucional, segundo párrafo, defiende nuestra privacidad y tenemos el derecho a que nadie nos vigile o que se nos impida descargar información (de la red). Además, el artículo sexto de la Constitución garantiza el derecho a la información.

Agustín Ríos agregó que el Acta posibilitaría que sin una previa orden de autoridad se estaría filtrando la privacidad y violando la garantía del debido proceso de los usuarios de la red.

Confió en que el punto de acuerdo firmado a principios de este mes por todas las bancadas del Senado –que demandó al gobierno federal detener la negociación del Acta hasta que esa Cámara conozca el texto, que se ha negociado con gran opacidad– realmente sea firme y que México se retire de las negociaciones, porque no hay la justificación para signarlo con esas características.