A cinco meses del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene suspendidas las investigaciones del caso para no poner en riesgo la vida del panista y respetar la decisión de su familia de que no interviniera en las negociaciones ni indagara sobre el tema.

Hasta el momento, en círculos familiares y de la PGR se menciona que ya fue cubierto el pago del rescate exigido por la liberación del litigante, pero ninguna de las fuentes consultadas tiene constatado que el panista ya haya sido entregado a sus familiares, a pesar de que en círculos políticos han surgido versiones en ese sentido.

Funcionarios de la PGR señalaron que en caso de que ya se hubiera resuelto el plagio y el litigante hubiese sido devuelto a sus familiares, el Ministerio Público tendría que consultar con ellos si reactiva la averiguación previa, que se inició el 15 de mayo de este año, luego de que Fernández de Cevallos fuera privado de su libertad a las puertas de la casa principal del rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Hasta el momento las versiones que ha obtenido La Jornada señalan que los familiares de Fernández de Cevallos ya pagaron el rescate exigido.

Sin embargo, ninguno de los hijos del litigante ni el ex procurador de la República Antonio Lozano Gracia, quien ha sido señalado como encargado de las negociaciones, han dado información al respecto.

El secuestro de Fernández de Cevallos constituye públicamente el caso de un político o empresario que más tiempo ha permanecido privado de su libertad.

En 1994 fue secuestrado Alfredo Harp Helú, quien fungía como presidente del grupo Banamex-Accival, y duró 100 días en manos de sus plagiarios.