Río de Janeiro, 16 de octubre. El aborto se convirtió en un arma resta votos, de la que los dos candidatos huyen en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y que los sectores religiosos más conservadores utilizan como trueque para fijar su apoyo.

Una situación que no refleja la posición mayoritaria del electorado sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aseguran analistas y representantes del movimiento feminista organizado, que critican que se use el cuerpo de las mujeres de moneda electoral y califican de falso dilema el tema.

La legalización o no del aborto, castigado en Brasil con penas de prisión de hasta 10 años, protagoniza la agenda para la segunda vuelta del 31, entre los candidatos Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que la candidata favorita no obtuviese el triunfo en la primera vuelta, el domingo 3. Actualmente la interrupción del embarazo es una práctica ilegal en el país salvo cuando la madre corre peligro de muerte o la gestación es producto de una violación.

Un caudal decisivo de votos migró de Rousseff a Marina Silva, candidata del Partido Verde que pertenece a la Iglesia evangélica. La ex ministra de Luiz Inacio Lula da Silva condena el aborto y defiende la realización de un plebiscito sobre su legalización.

Silva se convirtió en sorpresa de la primera vuelta con 20 por ciento de los votos, mientras Rousseff logró 47 y Serra casi 33. El último sondeo da a la izquierdista 47 por ciento y 41 al derechista.

Durante la campaña para la segunda vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de una cruzada moralista contra la despenalización del aborto, cuando en el pasado ambos expresaron una posición de apertura al respecto.

Falso dilema comicial

Beatriz Galli, de la no gubernamental Ipas Brasil (filial de una red internacional dedicada a promover los derechos y la salud sexual de las mujeres), lamentó que la discusión se haya reducido a estar en contra o favor del aborto o en contra o a favor de la vida.

La candidata del PT había defendido antes que había que avanzar hacia la despenalización del aborto, mientras ahora destaca en su página digital que está personalmente contra el aborto.

Con el respaldo de una foto del reciente bautizo de su primer nieto, plantea que “sería muy extraño que cuando hay una manifestación de vida en el seno de mi familia (…) yo defienda una posición en favor del aborto”.

Rousseff asegura que el aborto inducido es una violencia contra la mujer, aunque matiza que en su eventual gobierno el Estado brasileño no considerará eso como una cuestión de policía, sino de salud pública y social.

Serra sigue esa línea. En 1998, como ministro de Salud del gobierno de Fernando Henrique Cardoso contribuyó a reglamentar la práctica del aborto, en los casos de víctimas de violación, pero ahora advierte que su legalización causaría una carnicería.

Además, apela a eslóganes tales como un hombre que nunca se involucró en escándalos y siempre fue coherente, condenó el aborto y defendió la vida o un hombre de familia, para contraponer su imagen a Rousseff, divorciada y participante durante su juventud en la lucha clandestina contra la dictadura brasileña (1964-1985).

Imagen de archivo del derechista aspirante presidencial José SerraFoto Ap

Para Galli se está produciendo un falso dilema porque la cuestión principal es si el Estado debe criminalizar un problema de salud pública colocando la salud y la vida de las mujeres brasileñas en riesgo porque las obliga a buscar un aborto clandestino.

Estimaciones conservadoras del Sistema Único de Salud indican que en Brasil se producen al año al menos un millón y medio de abortos clandestinos. Las complicaciones por la práctica insegura ocasionan 250 mil ingresos a centros públicos de salud cada año, y suponen una de las principales causas de mortalidad materna.

Galli insistió en que no se debe reducir a un enfoque religioso un asunto de derechos humanos de las mujeres. Un estudio de la antropóloga Débora Diniz, investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, revela que una de cada cinco mujeres brasileñas se ha sometido a un aborto antes de los 40 años.

De las mujeres que han abortado, 88 por ciento se declararon religiosas, dice el estudio. Un dato revelador en este país de 192 millones de habitantes, con la mayor cantidad de católicos del mundo y donde los fieles de iglesias evangélicas crecen a ritmo vertiginoso.

El aborto se transformó en moneda de trueque para ganar votos, agregó, al considerar que las concesiones políticas de los dos candidatos representan amenazas democráticas que comprometen el principio del Estado laico.

Guacira César de Oliveira, directora-fundadora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, dijo a Ips que existe un análisis tendencioso que exige de los candidatos un determinado posicionamiento contra el aborto, como si fuese la única posibilidad de ganar la elección.

Oliveira lo atribuye a una ofensiva conservadora de derecha junto al fundamentalismo religioso, que logró poner al aborto en el centro de la campaña, por encima de otros temas que también habrían obstaculizado el triunfo de Rousseff en la primera vuelta, como la corrupción.

Los analistas mencionan entre esos temas las denuncias de corrupción del gobierno de Lula, del que Rousseff fue, desde su inicio en 2003 y hasta marzo, primero ministra de Energía y Minas y después jefa de gabinete.

Oliveira subrayó que la satanización electoral del aborto no refleja la opinión de la mayoría. Los úteros de las mujeres no pueden ser la moneda de cambio en estas elecciones, exhortó.

Carmen Silva, educadora del Instituto Feminista para la Democracia SOS Corpo, coincide en que se trata de una manipulación del fundamentalismo religioso que creció en el mundo, pero que en Brasil se habría asociado a los grandes medios, a los políticos de derecha y a los militares con nostalgia de la dictadura militar.

Oliveira y Silva subrayaron que el aborto dejó fuera temas de la agenda de las mujeres, como la participación política, la atención a víctimas de violencia y la igualdad de oportunidades laborales.

Con tantas cuestiones cruciales para la democracia y los derechos fundamentales, como la educación, la seguridad pública o la seguridad social, es curioso que se apueste a que el nuevo presidente sea decidido por su posición sobre el aborto, sintetizó Diniz.