Luego del accidente del 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, que dejó 65 trabajadores muertos y ocho heridos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 17 de julio de ese mismo año su recomendación 26/2006, en la que documentó diversas irregularidades.

El organismo urgió al entonces secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar, a que integrara una investigación que determinara las responsabilidades de los funcionarios involucrados, indemnizara a los familiares de los trabajadores fallecidos y coordinara las labores de protección civil con los servidores públicos locales en materia de seguridad e higiene.

El 5 de agosto de ese mismo año, la STPS aceptó sin reservas todos los puntos de dicha recomendación y la CNDH anunció que le daría seguimiento al compromiso para verificar su cumplimiento.

Más de dos años después, el 21 de diciembre de 2008, el organismo de derechos humanos dirigió un escrito a Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de ese dependencia durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina.

Tales errores, puntualizó la recomendación 64/2008, provocaron que el caso fueron enviado a reserva, lo cual de hecho ha significado gozar de impunidad para los probables responsables de una tragedia que mantiene sepultados los cuerpos de 63 personas.

Al analizar la actuación de la PGR, el documento llega a la conclusión de que los mencionados funcionarios incurrieron en violaciones a los derechos fundamentales a la legalidad y a la seguridad jurídica, en contra de las personas fallecidas y sus familiares.

El pasado miércoles, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que las autoridades involucradas en el accidente de Pasta de Conchos no atendieron sus recomendaciones para el rescate de los trabajadores, y llamó al actual gobierno a recuperar los restos de los mineros.