Mexicana de Aviación, que enfrenta una bancarrota y este viernes solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje autorización para finalizar la relación laboral con sus empleados, reúne una doble característica: es pionera en su actividad en el país y a la vez simboliza la historia de fracasos empresariales cuyo costo es endosado a los contribuyentes.

Fue fundada en julio de 1921, con el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea, por los estadunidenses Lloyd A. Winship, Harry J. Lawson y Elmer C. Hammond, quienes obtuvieron del gobierno del presidente Álvaro Obregón la primera concesión para operar una ruta aérea, que iba de la capital del país a Tampico.

En 1924 se constituyó la Compañía Mexicana de Aviación, y cinco años después las acciones de la empresa fueron vendidas a la estadunidense Pan American Airways, con lo que inició operaciones internacionales. El célebre piloto Charles A. Lindbergh comandó vuelos y participó en la estructuración de la empresa.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el empresario Crescencio Ballesteros, a la cabeza de un grupo de inversionistas, adquirió en 1968 las acciones de la aerolínea, que estaba en suspensión de pagos, y la salvó de la bancarrota. La compañía logró cerrar 1970 con utilidades y un total de 1.28 millones de pasajeros transportados.

En 1982, cuando el país se sumía en la crisis económica agobiado por la caída en los precios del petróleo y el peso de la deuda, Ballesteros y su grupo se deshicieron de la aerolínea. El gobierno mexicano entró al rescate, con la adquisición de 54 por ciento del capital social de la firma.

Ocho años después, en 1990, un grupo de inversionistas reunidos en el Grupo Falcón adquirió el control mayoritario de Mexicana de Aviación, una vez que la empresa fue saneada y se encontraba en condiciones de generar ganancias. El gobierno, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, mantuvo 30 por ciento del capital.

En 1993, en el marco de un proceso de reconfiguración de la industria aérea nacional, Aeroméxico, también propiedad de particulares, adquirió el control de Mexicana, aunque ambas compañías funcionaban de manera separada.

Cuando estalló la crisis económica de 1995, provocada por la devaluación del peso en diciembre de 1994, la propiedad de Aeroméxico y Mexicana pasó a manos del gobierno federal, una vez que ambas empresas se declararan incapaces de pagar sus deudas con los bancos y éstos a su vez transfirieron esos pasivos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Ambas firmas fueron saneadas con cargo a los contribuyentes, dado que el Fobaproa –el vehículo usado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo para rescatar a los bancos y convertir las pérdidas de esas entidades en deuda pública– se quedó con la cartera mala.

Completamente saneada con cargo a los contribuyentes, la empresa Aeroméxico fue vendida, ya en la administración de Vicente Fox, a un grupo de empresarios apiñados en torno a los intereses de Banamex.

El 20 de diciembre de 2005 el gobierno de Fox entregó Mexicana de Aviación (también saneada a cargo de los contribuyentes) por 165 millones de dólares a un grupo de empresarios encabezado por Gastón Azcárraga Andrade, dueño del grupo hotelero Posadas.

En el periodo que fue del día de la elección a la fecha en que tomó posesión de la Presidencia, Fox tuvo su cuartel general en uno de los hoteles de Azcárraga en la capital del país.

A las 12 horas del 28 de agosto de 2010 aterrizó por última vez en la capital del país un avión de Mexicana, que había iniciado vuelo en Cancún. La empresa, literalmente abandonada por sus propietarios, inició un proceso de concurso mercantil, especie de bancarrota ordenada. Por unos días su propiedad pasó a un consorcio creado de última hora, llamado Tenedora K, que en menos de dos semanas se deshizo de ella.