on el punto de acuerdo aprobado el pasado jueves en el recinto de Xicoténcatl, de inmediato surge la duda: en el último cuatrienio, ¿dónde estuvieron los integrantes del Senado de la República, que tardíamente se enteraron de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y que ahora exigen el rescate inmediato de los cuerpos de los mineros? ¿Dónde, que no saben cuánto pagan las empresas mineras por la explotación de hectárea en el país ni cuántas concesiones se han entregado? Mucho menos ¿cuántos millones de hectáreas amparan esas concesiones y qué beneficios han recibido las comunidades?

Más de cuatro largos años han transcurrido desde la explosión en Pasta de Conchos (alrededor de mil 700 días) y de la oprobiosa actitud asumida por el gobierno foxista (ratificada a plenitud por el calderonista), junto con su mezquina defensa y encubrimiento del empresario Germán Larrea, y apenas el jueves pasado los senadores de la República se acordaron que era necesario exigir el rescate inmediato de los mineros de Pasta de Conchos, y aclarar paradas sobre los privilegios que gozan los beneficiarios de las concesiones federales en el sector de la minería. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?, porque hay que subrayar que sólo se acordaron de Pasta de Conchos luego del exitoso rescate en la mina chilena de San José.

Retomo lo publicado en el México SA del pasado 19 de febrero, cuarto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, para refrescarles la memoria: lo dicho y prometido por Fox y su secretario del Trabajo, el hoy diputado panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quedó en el aire; lo dicho y prometido por Calderón, también, y lo propio ha hecho el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (ya de salida), quien no se ha quedado atrás en eso de ofrecer e incumplir.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea”. Nada ha hecho, más que incumplir su palabra.

Pocos días después de tomar posesión como nuevo director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy en la SCT), denunció que Industrial Minera México (de Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos para pagar menos cuotas patronales, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa para dar seguimiento a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Nunca presentó denuncia legal en contra del consorcio privado.

En 2007, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que desde la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Vicente Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN. Nada hizo, y nunca presentó denuncia.

El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón mantuvo una entrevista informal con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos aseguró que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para cerrar transitoriamente la mina (sin perder la concesión federal), y la cristiana sepultura se mantiene en lista de espera. Cuatro años después de la tragedia, todo sigue igual: plena impunidad. Entonces, si se atiende el punto de acuerdo del pasado jueves, los senadores no estaban enterados de todo eso.

Tampoco recordaron que en septiembre de 2009 un grupo de sus colegas en Xicoténcatl presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y obligar a las grandes empresas mineras que explotan esta riqueza nacional a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan –si es que en realidad lo hacen–, dada las voluminosas utilidades que obtienen. Propuso el cobro de un derecho de 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente… Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. ¿Cuál fue la respuesta de los que hoy exigen, vía punto de acuerdo, que se aclaren los privilegios de los consorcios mineros? Los senadores de la República desecharon la citada iniciativa y mantuvieron intocado el paraíso fiscal para dichos consorcios.

Menos recordarán que alrededor de 25 millones de hectáreas del territorio nacional han sido concesionadas por el gobierno federal para la explotación minera, de lo que el pueblo de México no recibe beneficio económico directo. Tampoco que las cuotas a pagar por los consorcios mineros son prácticamente simbólicas (en 2010 por hectárea: 5.08 pesos, la mínima, y 111.27 pesos, la máxima), sin impacto significativo en la recaudación fiscal, a pesar de las voluminosas utilidades obtenidas por los particulares del ramo; que la base para el pago de derechos es una aberración económica, porque la ley vigente no considera a los minerales producidos en función de su valor de comercialización, sino solamente de la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.

De ese tamaño es el olvido de los senadores de la República, que en cuatro años tampoco hicieron nada.

Las rebanadas del pastel

Si hubiera alguna duda, en la propuesta calderonista de Ley de Ingresos 2011 se lee: regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, cero pesos, cero centavos.

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