quella noche, el hombre dijo a la mujer: Hazme unas tortillas de harina dulces. Ella le recordó: El doctor te dijo que no comas dulce antes de trabajar. Él tenía diabetes pero también antojo y soltó una mentira: Hoy no voy a ir. Cenaron. Luego, él se tumbó en la cama. Al rato, apareció en el cuarto donde ella bordaba. Ella entendió que saldría, porque llevaba una toalla sobre los hombros. La usaría cuando terminara de bañarse, después de quitarse con estropajo las manchas más tercas del carbón.

Ella despertó a las seis de la mañana, como siempre. Él no había regresado. A las ocho una vecina le tocó la puerta. ¿Ya supo? Dicen que hubo un caído en la mina. En la región carbonífera del norte de Coahuila un caído es un derrumbe. La vecina estaba en lo cierto. Una explosión de gas metano había provocado un desastre, a 150 metros bajo tierra, en la mina Pasta de Conchos.

I

Como secretario del Trabajo, Francisco Salazar tenía obligación de garantizar la seguridad de los mineros de Coahuila. Pero en febrero de 2006, en toda la región carbonífera, había sólo dos inspectores federales para velar por los barreteros de unas 600 minas, que trabajan en tres turnos las 24 horas de la noche subterránea. El hombre que cenó tortillas de harina dulces antes de la explosión de Pasta de Conchos, en realidad no le había mentido a su esposa cuando le dijo que no iría a trabajar. Es que no quería ir pues tenía miedo. Los niveles de gas metano allá abajo eran alarmantes porque hacía una semana estaba descompuesto el sistema de ventilación. Pero el capataz los había tachado de cobardes. Incluso los amenazó. Si no bajan se quedan sin jale. Allá en el norte, el jale es la chamba. Los 65 mineros de Pasta de Conchos que perdieron la vida aquella noche fueron víctimas de negligencia criminal. Hoy, cuatro años después, sus restos permanecen dentro de la mina. Hace unos meses, sus deudos fueron desalojados por la policía a garrotazos, para que dejaran de protestar. El dueño de Pasta de Conchos era Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país.

II

Durante la gestión de Cecilia Romero como titular del Instituto Nacional de la Migraña –un perpetuo dolor de cabeza para quienes padecieron su autoritarismo y su ineptitud–, alrededor de 60 mil trabajadores extranjeros ilegales fueron secuestrados cada año en algún punto de la ruta del Tren de la Muerte, o La Bestia, que va de Chiapas a Texas. Los datos son de la ONU pero el gobierno nada hace al respecto. Al contrario, fomenta ese negocio, que produce –en cálculos muy conservadores– 3 mil millones de dólares anuales.

Los emigrantes son una mercancía que todos se disputan. En el sur del país los asaltan, golpean, despojan y a menudo violan y matan los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Quienes pasan este filtro, más adelante caen en manos de los agentes de la Migraña, que los extorsionan para permitirles continuar. Otros son detenidos por los soldados azules de la Policía Federal, que les quitan los 2 mil o 3 mil dólares que habían ahorrado allá en sus países de origen para dárselos al pollero que los ayudaría a cruzar. Pero los federales, después de desplumarlos, los venden a los cárteles que controlan cada zona. Los narcos prefieren retener, encadenados de pies y manos y con vendas en los ojos, a quienes ya tienen familiares en Estados Unidos, porque éstos ganan y ahorran en dólares y por lo tanto pueden enviarles el dinero del rescate por transferencia bancaria. A los 72 latinoamericanos que en agosto fueron asesinados en el rancho San Fernando de Tamaulipas nadie, al parecer, les mandó un quinto.

A pesar de todo, cada año unos 600 mil latinoamericanos llegan a Estados Unidos pasando por México (además de los 500 mil mexicanos que los acompañan). Quienes viajan en el Tren de la Muerte sufren más que los inquilinos del infierno, sobre todo porque el infierno no existe y La Bestia sí. Hombres y mujeres, impulsados por la miseria, suben a los vagones en los lugares donde el convoy pasa más despacio. Algunos no lo logran y al caer sobre la vía son mutilados por las ruedas del siguiente vagón. Los que consiguen treparse pasarán días a la intemperie, tostándose al rayo del sol, helándose con las lluvias nocturnas, muriéndose de hambre. Y quienes se olvidan de amarrarse al tren y se duermen, a veces despiertan rodando por el suelo con un brazo o una pierna menos. Escuchemos lo que hace días me contó un taxista en la ciudad de San Luis Potosí.

“Levanté a un hondureño que se veía pero bien jodido. Me dio lástima. ‘Jefe, lléveme de favor a la parada de Bachoco, le pago 50 pesitos’. Hasta allá la dejada vale 75, pero me dio lástima y pues órale, ya vas. Pero al rato me dice ‘Oiga, jefe, desvíese aquí para que pasemos a la (colonia) Santa Fe; necesito comprarme una piedra’. ¿Cómo? ¿No tienes para pagarme la dejada pero sí para comprar droga? ‘Es que, ¿sabe qué?, ya valí madres, ya voy de regreso a mi país. Lo que quiero es comprarme una piedrita, subirme al tren, amarrarme y ponerme hasta el culo, para que me agarre la Migra y me deporte...’”

III

A Francisco Salazar se le murieron 65 mineros en Coahuila; hoy es diputado federal por el PAN y miembro distinguido del Yunque. A Juan Molinar Horcasitas se le quemaron 49 niños en Sonora; hoy es secretario de Comunicaciones y Transportes, autor de millonarios atracos al patrimonio nacional y aspirante a la Presidencia de la República. A Cecilia Romero, otra destacada figura del Yunque, le mataron a 72 migrantes en Tamaulipas; hoy es precandidata a la dirección del PAN. Si la naturaleza es un restaurante donde todos se comen a todos, como decía Woody Allen, el gobierno de Felipe Calderón es una carnicería, que ha provocado ya más de 30 mil asesinatos.

Faltan 20 meses, dos semanas y un día para las elecciones del primero de julio de 2012, única y última oportunidad que tenemos para liberarnos pacíficamente de esta pandilla y cambiar de política y de políticos. Sin embargo, Calderón desató una guerra civil y lo celebra bebiendo en las fiestas de los ricos (el pasado fin de semana estuvo en el cumpleaños de Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, y también en la boda del hijo de Carlos Slim) mientras la violencia empeora y extiende su dominio territorial, de costa a costa y de frontera a frontera. Que lo digan, si no, los habitantes de Monterrey, de Tampico, de Ciudad Juárez, de Culiacán, de Acapulco, de la Huasteca potosina, de Boca del Río, de Villahermosa, que viven aterrorizados...

Las agencias encuestadoras deberían hacer las siguientes preguntas. Si las elecciones fueran hoy, ¿en cuántas ciudades no se podrían instalar urnas, así como no se celebró el Grito, por temor a los narcotraficantes? ¿En cuántas los votantes no se atreverían a salir de sus casas para acudir a las casillas? ¿En cuántas, los atentados obligarían a suspender el proceso? Los abogados, por su parte, deberían comenzar a explicarnos: si no hay elecciones, ¿Calderón se quedaría? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Quién designaría a su sucesor? ¿El Congreso? ¿La Corte?

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