A diferencia de lo ocurrido en Chile, donde se hizo todo para rescatar a los trabajadores de la mina San José, las autoridades mexicanas se aliaron con Grupo México para encubrir la negligencia que provocó el accidente en Pasta de Conchos, aun cuando hay indicios de que hubiera sido viable intentar el rescate.

Denunciaron lo anterior representantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), instancias que el próximo martes iniciarán una campaña para exigir el rescate de los cuerpos, el castigo a los responsables del accidente y la renacionalización de las minas del país.

En conferencia de prensa, destacaron que Grupo México agotó la búsqueda en apenas 48 horas y declaró muertos a los mineros en menos de cinco días, sin haber instalado un equipo de monitoreo sísmico para ubicar a los trabajadores con precisión, y sin entregar a los rescatistas información confiable.

El gobierno mexicano nunca emplazó al dueño de la mina, Germán Larrea, a cumplir la obligación de aceptar su responsabilidad directa en cualquier accidente de trabajo, como señala el artículo 123 constitucional, afirmaron.

Una muestra del desprecio por la vida de los mineros, dijeron, es que si el rescate de los chilenos costó unos 22 millones de dólares, Grupo México hubiera tenido que invertir sólo 0.85 por ciento de las utilidades netas que obtuvo en 2006 y 2007 (de 3 mil 552 millones de dólares en total) para sacar a sus obreros.

El argumento del ex secretario de Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz en el sentido de que el rescate era imposible porque se trataba de una mina de carbón con riesgo de explosiones es falso, porque desde 1902 se han recuperado los cuerpos de todos los trabajadores fallecidos en accidentes similares, que están en la misma región y comparten el mismo yacimiento que Pasta de Conchos, agregaron.

A pesar de lo ocurrido en 2006, denunció Carlos Rodríguez, del Cereal, Grupo México ha obtenido al menos 14 permisos más en todo el país, y en inspecciones realizadas en 32 minas, tan sólo en 2010, se descubrió que prácticamente ninguna cubre los requisitos mínimos de seguridad para sus trabajadores.

Sin embargo, atendiendo las quejas de los familiares de los mineros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el 24 de septiembre que el gobierno mexicano tiene dos meses a partir de esa fecha para presentar sus observaciones sobre el tema, por lo que Felipe Calderón tiene la oportunidad de reconocer la responsabilidad estatal en la tragedia.

Los representantes del Cereal y el Centro Pro anunciaron que solicitarán a la Procuraduría General de la República que reabra el expediente de Pasta de Conchos, actualmente en reserva, para que se recuperen los cuerpos de los mineros y se castigue a los culpables de la explosión.

Por su parte, Raúl Villasaña Valadez, padre de uno de los mineros fallecidos en Coahuila, denunció que la empresa nunca tuvo intención verdaderas de rescatar a sus trabajadores.

Cuando vi el rescate en Chile, lloré hasta que me cansé. Así le hubieran hecho en Pasta de Conchos, pero aquí lo que faltó fue valor. Si la empresa hubiera querido sacarlos, otra cosa hubiera sido, lamentó.