El expediente que envió la Procuraduría General de la República (PGR) en la segunda petición de desafuero contra Julio César Godoy Toscano consta –de acuerdo con una copia que posee este diario– de 245 páginas, y en ellas se incluyen más de 50 testimonios, de los cuales la mayor parte presuntamente son de testigos protegidos, y con ello la dependencia busca acreditar la responsabilidad del legislador perredista en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por un monto superior a 24.9 millones de pesos.

En el documento se menciona que entre 2006 y 2009 el hoy diputado federal realizó transacciones bancarias sospechosas, entre ellas, transferencias y retiros mensuales que oscilaron entre los 300 mil y un millón 100 mil pesos, como ocurrió en la cuenta 9003468358 de Banamex.

El Ministerio Público Federal señala que Godoy Toscano habría iniciado su vinculación con el crimen organizado en 2002, y no con el cártel de La Familia, sino con el de Los Zetas, a través del entonces candidato a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, Gustavo Torres Camacho.

Posteriormente, la PGR refiere con base en los testimonios de testigos protegidos identificados como Emilio, Juan Carlos, Carlos, que la vinculación del legislador perredista con el cártel de La Familia, se habría incrementado por su presunta relación de compadrazgo con Servando Gómez Martínez, La Tuta, a quien las autoridades mexicanas señalan como uno de los narcotraficantes más violentos del país, y como responsable intelectual de la ejecución de más de 20 policías federales.

Reportes elaborados por la SIEDO señalan que La Tuta es capaz de asesinar sólo porque quien le leía las cartas del Tarot le revelaba que supuestamente alguien lo traiciona.

El documento enviado a la Cámara de Diputados por la PGR incluye también la obtención de supuestas declaraciones de habitantes de municipios como Lázaro Cárdenas, Arteaga, Uruapan y Apatzingán. El archivo indica que bajo la promesa de que no se revelaría su identidad, habrían aceptado hablar con policías federales y señalar la comisión de actos ilícitos por parte del ahora legislador.

Asimismo, en las 245 páginas existen constancias de la recepción de llamadas telefónicas anónimas por parte de la PGR, y que han sido tomadas como válidas, porque en ellas se mencionaba la presunta vinculación de Godoy Toscano con La Familia.

De igual manera el expediente se integró con copias de notas informativas o reportajes aparecidos en distintos medios de comunicación que fueron obtenidos mediante consultas en Internet a través de la página de Google.

En sus conclusiones la PGR refiere que Godoy no ha rendido declaraciones patrimoniales desde enero de 2005; que en la Secretaría de la Función Pública tampoco existen declaraciones patrimoniales del hoy legislador, y que en el gobierno de Michoacán no se ha desempeñado como servidor público adscrito al Poder Ejecutivo local.

Según la PGR, su acusación se basa únicamente en documentos que fueron obtenidos antes de que se entregara esta nueva petición de desafuero.