ace 25 años, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua nació clamando: Que por un kilo de maíz se pague al campesino un litro de gasolina y dos litros por un kilo de frijol. Lo que los productores reclamaban entonces lo han hecho trizas las políticas públicas. Ahora un litro de gasolina cuesta más de tres kilos de maíz y más de un kilo de frijol.

Desde hace dos semanas, Sagarpa-Aserca y el sistema producto-frijol han convocado a los productores organizados de la leguminosa y a los comercializadores –nunca a los consumidores– a fijar el precio del grano para el ciclo agrícola primavera-verano 2010.

El frijol, junto con el maíz, es la base de la agricultura campesina y de la alimentación del pueblo de México. Aunque su consumo está disminuyendo, pues sus virtudes se ocultan y se magnifican sus pocos defectos ante el alud publicitario de la comida chatarra, sigue siendo la base de la dieta de los mexicanos pobres.

Antes del TLCAN todo el frijol que se producía en México era adquirido por Conasupo a un precio de garantía previamente fijado. Con ello se aseguraba dar certidumbre y un buen ingreso al productor; suministrar al consumidor un producto a precio accesible y evitar la especulación manteniendo una reserva mínima del alimento. Todo cambió con el ajuste estructural de la economía y la apertura comercial. Desaparecieron los precios de garantía y la Conasupo, instrumento de Estado para garantizar el abasto popular. A partir de 2008 se abrió totalmente la frontera al frijol importado de Estados Unidos y Canadá, dándole entrada al grano que, ya sea porque viene a precio dumping, ya sea porque viene de contrabando, derrumba el precio del frijol mexicano. Con todo y que se suponía que el TLCAN iba a proteger al frijol desde 1994 a 2008, las importaciones y el contrabando todos esos años rondaron las 100 mil toneladas anuales, 172 mil toneladas en 2009.

El país, sin embargo, tiene capacidad de producir el millón 100 mil toneladas de las diversas variedades de frijol que consume. Si se importa la leguminosa es por conveniencia de los grandes importadores-comercializadores para lucrar más y por deficiencia de Sagarpa, que no ha promovido la elevación de la productividad mediante el desarrollo y transmisión de tecnología.

En los últimos años, Sagarpa a través de Aserca ha intentado regular el mercado para ofrecer un mejor precio a los productores y un precio más accesible a los consumidores. Establece un precio de referencia y apoyos a la comercialización. Pero la visión de la política agroalimentaria federal es muy restringida: tiene demasiada confianza en los ajustes automáticos del mercado y su óptica es de comercialización, no de seguridad y soberanía alimentarias. Pone énfasis en los comercializadores, sobre todo en los grandes, y descuida los dos polos del proceso: los productores campesinos y los consumidores.

No tiene en cuenta la política federal; además, varios factores que constituyen, no fallas sino verdaderos factores perversos del mercado: en primer lugar, la presión de nuestros vecinos del norte que buscan colocarnos su frijol, aun castigando su precio para adueñarse de nuestro mercado. En segundo lugar, porque los apoyos a la comercialización se concentran en las grandes comercializadoras y en los coyotes que han tenido más capacidad organizativa, experiencia, capital previo, etcétera, no sólo para tener acceso sino para acaparar dichos apoyos. En tercer lugar, porque el volumen de producción que es apoyado por los subsidios federales no es suficiente como para regular el mercado. Los especuladores esperan a que se acabe de comprar lo que se apoya con subsidios y luego entran al mercado comprando más barato. A pesar de todo esto, el precio del frijol no baja en el supermercado o en la tienda de abarrotes. Los más beneficiados por todo este proceso son quienes están en medio de él: los grandes acopiadores y almacenadores, mayoristas, cadenas comerciales. Tan sólo en los tres primeros años del gobierno de Calderón, el precio del frijol aumentó 160 por ciento.

Por eso ahora los productores de las organizaciones campesinas vienen más combativos. Demandan un precio de nueve pesos cincuenta centavos para el productor en el campo. Exigen también que no se concentren los apoyos en unos cuantos comercializadores y que el volumen subsidiado por Aserca sea cuando menos 60 por ciento de la cosecha para poder influir en el mercado. Piden que Hacienda y Economía controlen con rigor las importaciones e impidan el contrabando.

Es un buen inicio. Pero es necesario conjugar esfuerzos de Estado y productores para que ellos obtengan un ingreso decente y los consumidores un alimento accesible. Esto implica concebir al frijol no como mercancía sino como pilar de la seguridad y la soberanía alimentarias.