n una entrevista divulgada ayer, la secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton calificó el presunto homicidio del turista David Hartley –supuestamente atacado por miembros de la delincuencia organizada en el lago Falcón, en la frontera entre Texas y Tamaulipas– de tragedia terrible, e indicó que nos enferma el repunte de la violencia en México a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico del gobierno calderonista.

Desde luego, todo asesinato –y éste, de serlo, no sería la excepción– resulta intrínsecamente repudiable, al margen de las circunstancias en que pueda ocurrir. Los fenómenos de violencia y descontrol que han cundido en años recientes en todo el territorio nacional –particularmente graves en la zona fronteriza con Estados Unidos–, así como la corrupción y la impunidad imperantes en México, alimentan el temor, la zozobra y un sentir generalizado de impotencia en la población. En tal contexto, declaraciones como la comentada serían legítimas e inatacables si provinieran de alguno de los familiares del ciudadano estadunidense, o bien de alguno de los deudos de los más de 30 mil muertos en el contexto de la cruzada gubernamental contra los cárteles de la droga.

En cambio, el que el aserto referido haya sido pronunciado, sin esperar siquiera el pleno esclarecimiento de la muerte de Hartley, por la encargada de la política exterior estadunidense, es contrario a la mesura y la contención que debieran privar en el ámbito diplomático, y ofrece una noción distorsionada de la violencia que se desarrolla en nuestro país. Ese fenómeno, cabe recordarlo, es el saldo que México ha debido pagar como consecuencia de una guerra que le es básicamente ajena y que se gesta, por un lado, en la producción, el comercio de armas y la insaciable demanda de drogas en territorio estadunidense y, por otro, en las políticas de prohibición y combate frontal a la producción y el trasiego de narcóticos que Washington ha logrado imponer en la región con el apoyo de gobiernos claudicantes.

Así, mientras la normalidad social, política e institucional de México se desbarajustan a consecuencia del accionar de los grupos delictivos, el tráfico, la distribución y el consumo de narcóticos ilícitos se desarrollan con normalidad en las ciudades estadunidenses, sin que se tengan noticias de balaceras, ejecuciones o levantones relacionados con el narco en aquel país.

Por otra parte, la expresión de consternación y alarma de la secretaria de Estado estadunidense ante el homicidio que se comenta contrasta con la ausencia de palabras semejantes para los incontables casos de mexicanos que son asesinados en el vecino país, ya sea a manos de grupos xenófobos, de organizaciones delictivas o de las propias autoridades. Significativamente, ningún elemento de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha sido declarado culpable por homicidio desde la fundación de esa corporación, en 1924, y sólo dos de sus agentes han comparecido ante cortes por acusaciones de asesinato: todo ello a pesar de los múltiples casos documentados de muertes injustificadas de migrantes –muchos de ellos mexicanos– a manos de elementos de esa organización.

El reclamo formulado por Clinton es, pues, equívoco e improcedente tanto en la forma como en el fondo, y deja ver la doble moral característica que impera en las esferas del poder público en el vecino país del norte.