En un informe detallado que hizo llegar al Senado de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció la responsabilidad de cuatro militares en los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en una carretera de Nuevo Laredo, en los que perdieron la vida dos civiles, toda vez que abrieron fuego contra el auto en que viajaban junto con su familia sin que mediara agresión de por medio, sólo porque rebasaron al convoy castrense.

La dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sostiene que el capitán Cruz Núñez Valdez, responsable del convoy, hizo dos disparos contra los neumáticos del vehículo Malibú gris en que viajaba la familia De León, a fin de que se detuvieran, pero el enlace no fue el adecuado y tres elementos más –dos soldados y un cabo–, por inercia, dispararon hasta en 20 ocasiones al vehículo.

En el reporte castrense se da cuenta minuto a minuto de lo que llaman el incidente en que se vieron involucrados personal del 16 Regimiento de Infantería con sede en Escobedo, Nuevo León, y detallan que los hechos no se dieron en un retén, sino en plena carretera y que Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, estuvo tirado sobre el asfalto más de 20 minutos y ya había muerto cuando llegaron los primeros auxilios.

Asimismo, la Sedena precisa que las pruebas criminológicas practicadas por personal de la Procuraduría de Justicia Militar al capitán Núñez, a los soldados Antonio Ramírez Pérez, José Antonio Rosado y al cabo Valerio Lucas Hernández no pudieron concluir quién de ellos disparó las balas que mataron al menor y su padre Vicente de León Ramírez, por lo que los cuatro están imputados como responsables de violencia contra las personas, causando homicidio simple intencional.

La Sedena precisa que por concepto de indemnización y reparación del año, se pagó a los deudos de las personas fallecidas la cantidad de 167 mil 783.20 pesos, por cada una, haciendo un total de 335 mil 566.40 pesos.

El pasado 15 de septiembre, a propuesta del coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, el pleno del Senado aprobó solicitar a la Sedena un informe pormenorizado de lo acontecido en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el domingo 5 de septiembre, en que una familia fue baleada por militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) remitió el martes por la noche el informe respectivo a la mesa directiva del Senado. En el mismo echa por tierra la versión que en principio se dio, de que los hechos se dieron en un retén militar.

Se detalla que el convoy, a cargo del capitán Núñez, otro oficial y 19 elementos de tropa, se dirigía a sus instalaciones, en Monterrey y a las 21 horas, cuando viajaban por la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, se percataron de que un vehículo Malibú color gris, con vidrios polarizados, cuyo conductor presentaba una actitud diferente al resto de los que transitaban, los había rebasado.

A las 21:01 el capitán Núñez les hacía indicaciones a los sospechosos, con luces de lámparas, para que disminuyeran la velocidad, pero el conductor, haciendo caso omiso a tal indicación, aceleró y evadió al resto de los vehículos civiles en zigzag.

Tres minutos después, Núñez efectuó dos disparos al neumático del carro y desde la parte trasera de otra camioneta, los soldados y el cabo hicieron 20 tiros más, sin que se les hubiera ordenado.

Cuando revisan el auto de los civiles, se percatan de que siete personas están heridas, entre ellas dos niños. El menor de 15 años es sacado del carro y colocado en el piso, donde fallece a las 21:28. A las 21:32 llega la ambulancia. Su padre fallece al día siguiente.

La Sedena reconoce que no existió agresión contra el personal militar por parte de los ocupantes del vehículo Malibú.

El reporte será presentado hoy ante el pleno del Senado. El perredista Pablo Gómez dijo que lo revisarán a fondo y tomarán medidas, porque hechos como éstos no deben repetirse. A su vez, Carlos Navarrete dijo que los militares no serán juzgados en tribunales civiles, por lo que insistirán en que se reforme el Código de Justicia Militar.

Precisó que, de acuerdo con lo expresado por los involucrados, los tres militares que hicieron fuego contra el vehículo no recibieron una orden expresa, sino que fue iniciativa suya ir a enfrentar al vehículo que los rebasó en la carretera. La pregunta es: ¿quién los va a juzgar?, insistió Navarrete.