La creciente violencia e inseguridad que enfrenta América Latina golpea principalmente a los jóvenes de bajos recursos, aseguró Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes en la región es de 25 –en contraste con los nueve que se dan en Europa–, entre los adolescentes de entre 15 y 25 años inmersos en la pobreza latinoamericana el promedio sube a 90.

Durante la mesa Seguridad y Democracia, dentro del Foro de la Democracia Latinoamericana, convocado por la Organización de Estados Americanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Federal Electoral (IFE), Cantón dijo que ante la amenaza de la inseguridad en la región se ha optado por respuestas simplistas y electoreras, englobadas en las políticas de mano dura.

Eso, dijo, no ha solucionado nada, porque se mantiene una fábrica que genera la inseguridad, pues los jóvenes no tienen salud ni educación y finalmente terminan criminalizados.

En su intervención, el ex secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Francisco Rojas subrayó que la inseguridad y la violencia se han convertido en las mayores amenazas globales para las democracias. Pobreza y narcotráfico son los factores de mayor incremento en esta región, pues es particularmente riesgosa la ausencia del Estado, lo que se refleja en que existan grupos armados que inciden en la sociedad.

Si el Estado no es capaz de proveer seguridad a todos los ciudadanos, no la habrá para nadie. El crimen organizado se ha constituido en una amenaza global que se integra trasnacionalmente; su accionar daña instituciones, personas, democracias y estados. Enfrentar al crimen organizado es enfrentar la mayor amenaza que América Latina tiene en este momento.

Armando Peschard, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, señaló que México vive una etapa crítica ante el crecimiento de la influencia del crimen organizado, pues se ha transformado en un grupo de interés desproporcionado en la economía. Sus intereses económicos han trascendido en lo político y con descaro han colocado posiciones en las estructuras gubernamentales, al tiempo que desafían con asesinatos de alcaldes y políticos.

Cantón dijo que la inseguridad ha desplazado al desempleo como principal preocupación en las sociedades latinoamericanas.

Al desglosar las diferencias sociales y generacionales de este fenómeno, concluyó que la inseguridad no es democrática, sino que discrimina claramente y los más afectados son los jóvenes de más bajos ingresos.

El representante de la CIDH condenó las respuestas simplistas que han priorizado un enfoque de mano dura en que se ha optado por la reducción la edad en la imputabilidad del delito, la construcción de más cárceles, la reducción del uso de la libertad condicional o el abuso de la prisión preventiva y el uso creciente del Ejército en acciones policiales, complementado con la proliferación de cuerpos policiacos privados.

Aseguró que el riesgo para las democracias es perder el equilibrio de la fuerza y citó el caso de la presencia de maras en México y Centroamérica. Consideró que hay expresiones de debilidad de los estados que han cedido territorios, no sólo en políticas de seguridad, sino también por las insuficiencias en materia de salud y educación, lo que ha reposicionado a otros actores.

Envilecimiento generado por la delincuencia organizada

Finalmente, León Arslanian, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en Argentina, dijo que es necesario revisar el fenómeno de manera diferenciada en la región, pues los niveles de violencia no son homogéneos. Si el promedio de homicidios es de 25 por cada 100 mil habitantes, en Argentina o Uruguay se coloca en 5.5.

Alertó sobre la necesidad de enfrentar el problema de envilecimiento que genera el crimen organizado, atendiendo sistemáticamente sus diferentes causas y adjudicando para su respuesta a los actores involucrados.