En abril del año pasado, 22 personas fueron detenidas de manera ilegal en Tecate, Baja California, acusadas de pertenecer a bandas de la delincuencia organizada, y posteriormente torturadas, incomunicadas y encarceladas en un proceso lleno de irregularidades, denunció Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN).

En charla telefónica con La Jornada, el activista explicó que agentes de la Policía Federal (PF) aprehendieron por separado a los sospechosos al allanar sus viviendas sin orden judicial, para luego trasladarlos al cuartel militar de El Aguaje de la Tuna, adscrito a la segunda Zona Militar, en Tijuana, donde fueron torturados durante cinco días.

A reserva de que una investigación posterior confirme los hechos, Ramírez afirmó que los familiares de los detenidos lograron dar con ellos días después, ya que estaban incomunicados.

Entre los 22 hombres, dijo, habría un menor de edad con supuesto retraso mental, quien sigue desaparecido, no así las otras personas..

Como ONG no invocamos la inocencia de los detenidos, pero si les arrancaron alguna confesión bajo tortura, abriríamos un litigio para que se esclarezcan estos casos, señaló.

Por otra parte, se pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que admita la queja por el menor involucrado –rechazada en un primer momento por falta de elementos– y que abra una investigación por las 21 personas restantes, ya que hasta ahora únicamente lo ha hecho por dos o tres casos individuales, y además como una simple reconvención a la PF.

Además de exhibirlos ante los medios como criminales sin el proceso completo de juicio, el expediente de los detenidos es analizado por un juzgado de distrito en Tepic, Nayarit, y no en Baja California, lo cual también podría ser una irregularidad.

El presente caso, explicó Ramírez, está relacionado con la aprehensión de 25 policías en esas mismas fechas, y no sólo porque éstos también sufrieron la violación de sus garantías individuales a manos de funcionarios locales de seguridad, sino porque fueron testigos de las condiciones de tortura que padecieron los otros hombres.

Dichos agentes –13 de los cuales ya fueron exonerados por falta de pruebas– vieron a los 22 detenidos en el comedor del cuartel de la segunda Zona Militar de Tijuana, esposados, vendados de los ojos y ensagrentados por los golpes, por lo que deberían ser llamados a declarar como testigos, aseveró el presidente de la CCDHN.

Hay una práctica sistemática de las autoridades para obtener confesiones a partir de la tortura, sobre todo con personas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada, con quienes se aplican técnicas aberrantes, y después ejecutan su acción publicitaria para enaltecer la labor del Ejército y la policía, advirtió.