Esta semana Grupo Iusacell presentará una denuncia penal contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que se investigue si incurrió en delito al entregar el título de concesión a Televisa-Nextel como parte de la licitación 21, en contra de lo ordenado por un juez; al mismo tiempo Iusacell presentará una denuncia ante instancias administrativas para que se determine si el funcionario hizo uso indebido de sus atribuciones en ese concurso.

Asimismo, se espera que esta semana Televisa defina si continuará o no con el compromiso acordado con Nextel México, de comprar 30 por ciento de sus acciones en mil 400 millones de dólares, una vez que la mancuerna lograra ganar 30 megahercios en la frecuencia de 1.7 gigahercios a cambio del precio mínimo esperado por el gobierno de 180 millones 300 mil pesos.

La condición que Televisa puso para comprar 30 por ciento de acciones de Nextel México fue que ésta lograra adjudicarse espectro en la licitación 21, con lo que el grupo estaría en condiciones de ofrecer los servicios de telecomunicaciones móviles más avanzados del mercado. Sin embargo el lunes pasado, sólo dos días después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les entregó el título de concesión, Televisa informó que evaluaba si se cumplieron o no las condiciones para continuar con la alianza y cumplir su compromiso de inversión.

Mientras se define el futuro de la participación de Televisa en Nextel México, y Grupo Iusacell presenta las denuncias anunciadas por su representante, Salvador Rocha Díaz, la empresa de Ricardo Salinas Pliego logró la semana pasada que el juzgado 16 de Córdoba, Veracruz, abriera un incidente de violación en contra del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, ya que el funcionario entregó el título de concesión a Televisa-Nextel a pesar de que este juzgador había obsequiado una suspensión provisional contra dicho procedimiento.

Con el título entregado Grupo Iusacell promovió un nuevo juicio en el juzgado segundo de distrito, radicado en Toluca, estado de México, del que obtuvo la orden del juez para paralizar el uso y explotación del espectro concesionado a Televisa-Nextel, hasta que esa instancia resuelva si el proceso de licitación fue constitucional o no.

Legisladores solicitan juicio

El conflicto generado por la presunta inconstitucionalidad de las bases de la licitación 21, así como el daño patrimonial por 5 mil millones de pesos al Estado mexicano, debido a que Televisa-Nextel sólo pagarán 180 millones 300 mil pesos de enganche contra 5 mil millones que pagarán Telefónica y Telcel, tiene otra variante en el Congreso, ya que un grupo de legisladores presentó la solicitud de juicio de procedencia en contra de Molinar Horcasitas y Mony de Swaan.

Molinar Horcasitas afirmó que Televisa-Nextel no tienen impedimento para explotar los 30 megahercios (Mhz) que ganaron en la licitación 21, porque ya tienen el título de concesión, incluso ya comenzaron con la inversión para desarrollar la nueva red de telecomunicaciones.

Luego de la instalación de los trabajos de la semana de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el funcionario señaló que desde el punto de vista del área jurídica de la dependencia no incurrieron en violación de la presunta suspensión concedida por el juzgado 16 radicado en Córdoba, Veracruz.

Sin embargo, indicó, la SCT tendrá que acudir ante el juzgador a exponer sus argumentos.

Más tarde, en un comunicado la dependencia señaló que el juzgado segundo de Toluca le otorgó un amparo a la empresa Telecomunicaciones del Golfo, de Grupo Iusacell, por incomunicación, tortura, vejación, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, arraigo, así como tormentos de cualquier especie, que se infligirán a sus representantes.

La SCT negó que sea responsable de esas acusaciones. A decir de la dependencia, la ley de amparo dispone que, cuando se alegan ese tipo de actos, la suspensión solicitada debe concederse de oficio y sin mediar más trámite, a fin de salvaguardar la vida e integridad física del solicitante de amparo, y señaló que Grupo Iusacell recurrió a esta estrategia para obstaculizar la licitación 21.