El gobierno de Felipe Calderón no ha cumplido íntegramente ninguna de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –campo algodonero y Rosendo Radilla Pacheco– contra el Estado mexicano, aun cuando está obligado a hacerlo.

Representantes de las organizaciones que han conducido los procesos internacionales de estos casos informaron que la principal orden del tribunal interamericano es brindar justicia a las víctimas y sancionar a los responsables. A casi un año de los fallos, no se ha cumplido.

En ambos casos, la CIDH también exige a México otorgar un perdón o reconocimiento público por los crímenes, la reparación del daño a los familiares de las víctimas y la modificación de leyes para evitar que hechos similares se repitan, demandas que no han sido atendidas por la administración calderonista.

Lo único que el gobierno ha concretado es la publicación de las dos sentencias en el Diario Oficial de la Federación, en páginas de Internet del gobierno federal y en un medio de circulación nacional. Sin embargo, en el caso de los feminicidios, el gobierno estatal todavía no publica el fallo en su portal gubernamental.

En su resolución sobre el campo algodonero –referente a cinco chicas víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez–, la CIDH resolvió que el Estado mexicano tiene que investigar la desaparición, maltratos y privación de la vida de las víctimas y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Un análisis elaborado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, refirió que tras la sentencia la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua emprendió algunas diligencias, sin que exista mayor avance.

Aun cuando los representantes de las víctimas han solicitado a la PGR atraer las investigaciones porque se trata de un caso de alto impacto social, la dependencia sólo ha respondido que lo reflexionará, ya que no tiene competencia porque no hay delito federal conexo.

La procuraduría local tampoco ha emprendido acciones contra los servidores públicos que cometieron irregularidades en las investigaciones de estos crímenes, como lo ordenó la CIDH.

Micheel Salas, de ANAD, manifestó que el acto público de reconocimiento –que se exige del propio Calderón– de responsabilidad y el monumento en memoria de las cinco chicas asesinadas en Ciudad Juárez continúan pendientes.

Las autoridades locales y federales no se han puesto de acuerdo para pagar la indemnización ordenada, que asciende a casi un millón de dólares. El gobierno federal argumenta que no está obligado a pagar porque no ocurrieron en ese nivel las violaciones a derechos, y el estatal dice que sólo pagaría la mitad.

Tampoco se ha atendido la creación de un banco de datos electrónico de las mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua y en el país. Salas dijo que la PGJCH creó una página de Internet con la que pretende mostrar cumplimiento, pero no se encuentran los datos de todas las desaparecidas de Ciudad Juárez y no se actualiza desde junio pasado.

En el caso Radilla –desaparecido por militares en la década de los 70–, la CIDH ordenó reformar el Código de Justicia Militar para que abusos de soldados sean atraídos por la justicia civil. Al respecto Calderón ni siquiera ha enviado una propuesta al Congreso.

Humberto Guerrero, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, dijo que las investigaciones de la PGR se centran en el hallazgo de los restos de Radilla, más que en la sanción a los responsables. Estamos lejos de una voluntad de cumplimiento.

Las indagatorias son el punto más importante para la familia. Mientras no haya avance no aceptarán el perdón y reconocimiento público de la desaparición, la  entrega de montos económicos de compensación, la semblanza de vida y el memorial.

Los familiares ya entregaron al Estado una propuesta de cómo desean que se dé cumplimiento a estos aspectos: “que el reconocimiento público lo haga Calderón o en su defecto el secretario de Gobernación; que se realice en el que fue el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero; que en el acto de reconocimiento no se haga referencia sólo a Radilla, sino a todas las víctimas de la guerra sucia, pues desde el inicio el gobierno ha querido hacer ver el caso como un hecho aislado”.