usto un año atrás, el inquilino de Los Pinos decretó la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. En esa ocasión, entre tantos otros compromisos, anunció que he dado instrucciones a la administradora de LFC (la Comisión Federal de Electricidad) para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. Así, de un plumazo, dejó en la calle y sin ingreso a 45 mil personas.

Doce meses después, de acuerdo con cifras oficiales, la recontratación del mayor número posible de ex trabajadores de LFC se traduce en que sólo dos de cada cien de ellos fueron efectivamente recontratados, es decir mil 250 de 45 mil en total, lo que arroja un promedio de tres por día. De ese tamaño ha sido el cumplimiento del compromiso calderonista hecho público aquel domingo 11 de octubre de 2009, a escasas horas del decretazo de extinción. De hecho, fue tan cabal la palabra del inquilino de Los Pinos que en marzo pasado, a cinco meses del anuncio, de la Secretaría de Gobernación salió el siguiente exhortó al sector privado “para que contrate a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues la solución de este conflicto le corresponde a todos y no sólo al gobierno… el tema es una cuestión social y su solución conviene a toda la sociedad, (los empresarios) debieron apoyar en la contratación de los ex trabajadores, pues a todos conviene que ellos encuentren futuro y con ellos se coadyuve a la reactivación económica… se hace un llamado a los gobiernos de los estados en los cuales funcionó LFC, para que también participen en esquema de reinserción de trabajadores”.

Desde luego que lo anterior no sorprende, porque si algo caracteriza al inquilino de Los Pinos y a su autodenominado gobierno de la continuidad es el permanente cuan grotesco incumplimiento de promesas y compromisos, y ejemplos sobran. El problema es que los ex trabajadores de la otrora paraestatal, como tantos otros millones de mexicanos, no tienen la mínima posibilidad de reincorporarse a la economía formal, de tal suerte que a un año del decretazo no han tenido mayor alternativa que sobrevivir en el sector informal, poner un changarro o simplemente engrosar las filas del desempleo.

El 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón aseguró que la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro se debió a que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Pero, ¡sorpresa! Extinta la paraestatal, un mes después de esa justificación, y a propuesta del inquilino de Los Pinos, se aprobaron nuevos impuestos y el incremento de los existentes para que en 2010 los mexicanos de siempre pagaran fiscalmente mucho más que cuando LFC estaba en operación, amén que a los hogares comenzaron a llegar inflados recibos por consumo de electricidad (30 por ciento más, en el caso de este tecleador), empeoró la calidad del servicio y los apagones se hicieron cosa de todos los días.

Según el inquilino de Los Pinos, los únicos culpables de los niveles verdaderamente insostenibles, del caótico panorama por él descrito fueron los trabajadores de la extinta paraestatal. De nada sirvió el recordatorio de que la empresa contaba con una junta de gobierno que tomaba las decisiones, órgano presidido por la secretaria de Energía del calderonato, Georgina Kessel, y en el que participaban representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (Agustín Carstens en ese entonces; actualmente en el Banco de México), Desarrollo Social (Ernesto Cordero, hoy secretario de Hacienda), Economía (Gerardo Ruiz Mateos, de regreso en Los Pinos como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Juan Rafael Elvira Quesada), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (José Luis Luege), además del director general de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub, el de la empresa de soborno mundial), el director general de LFC (Jorge Gutiérrez Vera) y tres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ninguno de ellos, salvo los del SME, fue sancionado por alcanzar niveles verdaderamente insostenibles (Calderón dixit) y se mantienen (o han mejorado) en sus puestos.

Apenas dos semanas después del decretazo se confirmó la verdadera razón de la extinción de LFC: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que se licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a la Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio, vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Entonces, no era la onerosidad (Gómez Mont dixit) de la ex paraestatal, sino que el SME impedía la privatización de este segmento. Casualmente, esta mina de oro quedó en manos del único postor (Televisa-Megacable-Telefónica), que explotará más de 21 mil kilómetros de dicho tendido. ¿Queda claro el quid del decretazo?

Para Calderón lo demás es lo de menos. Como bien señala el editorial dominical de La Jornada, el tiempo transcurrido ha bastado para desmentir el argumento gubernamental de la supuesta inoperancia de LFC y su personal como una de las razones centrales para remplazarla por la CFE; en estos meses, la multiplicación de las interrupciones prolongadas en el flujo de electricidad han colocado a la capital del país y su área metropolitana en una situación de precariedad que se ve acentuada con la llegada de las lluvias y de las ráfagas de aire. Los apagones han provocado severas afectaciones a cientos de miles o millones de habitantes y han gravitado como un factor de deterioro económico nacional, al impedir las operaciones de negocios familiares y pequeñas y medianas empresas.

Las rebanadas del pastel

Dos sensibles bajas: la de la tía Ana, refugiada de la guerra civil española que vivió en México casi siete décadas, tras el campo de concentración de Argelésen, en Perpignan, Francia, y el periplo por República Dominicana y Cuba, y la de Pepe Galán, hijo del exilio español, como yo comprenderé. Un fuerte abrazo para su familia y otro para la propia.

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