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Busca privatizar zonas arqueológicas, dice

Sindicato del INAH rechaza Ley General de Cultura
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de octubre de 2010, p. a14

Oaxaca, 10 de octubre. La sección D-III-2 del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció contra la creación de la Ley General de Cultura que promueve a escala nacional Consuelo Sáizar, directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), para privatizar las zonas arqueológicas del país.

Cuauhtémoc Luis, secretario general del gremio, afiliado a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, comentó que la comercialización del patrimonio arqueológico y cultural ya se lleva a cabo, como demuestran los recientes conciertos de Plácido Domingo, Elton John y Sarah Brightman en Palenque y Chichén Itzá.

En Oaxaca, la zona arqueológica de Monte Albán fue abierta por sus directivos a las empresas Bimbo y Coca-Cola para la venta de sus productos, a pesar de la ley que prohíbe la comida chatarra en escuelas y sitios de estudio para alumnos de educación básica, aseguró.

Responsabilizó al director del sitio arqueológico y a su antecesora, Miguel Ángel Cruz y Nelly Robles, respectivamente, de ser quienes otorgaron la autorización a ambas compañías, aunque afirman que no tiene carácter resolutivo, que no puede resolver nada.

Cuauhtémoc Luis comentó que durante los pasados 20 años, diferentes actores políticos han intentado reformar la legislación que regula la función social del INAH como órgano rector del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y artístico de la nación.

Por ello, agregó, de aprobarse la ley se le reconocerá al CNCA personalidad jurídica para absorber a todos los organismos de cultura, entre ellos el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estamos en contra, porque eso significaría la privatización y comercialización de nuestro patrimonio cultural e histórico.

Los trabajadores del INAH instalaron una carpa en el zócalo de esta ciudad, donde recolectaron firmas de ciudadanos que se oponen a la promulgación de la ley de cultura y a la privatización de las zonas arqueológicas.