La ley de asociaciones público-privadas no podrá ya modificarse en el Senado. Es prácticamente un hecho que se aprobará en la sesión del próximo martes y deberán ser los diputados quienes corrijan los puntos aún preocupantes de esa propuesta presidencial, comentó el priísta Francisco Labastida Ochoa.

Advirtió que implica muchos riesgos que empresas privadas reciban contratos o concesiones para obras o servicios en el ámbito de la seguridad pública, donde por definición se requiere confidencialidad y sigilo.

Todo lo que son los sistemas de información de alta seguridad, encriptados, deben tener candados para cuidar la confidencialidad de los datos que ahí se resguardan y que en gran parte se refieren al combate al crimen organizado.

Destacó que tampoco sería conveniente esa modalidad de contratos para edificar cárceles. Hay que tener control absoluto de los planos y demás medidas de seguridad, para que no se propicien fugas de reos, entre otros riesgos.

Desde que el presidente Felipe Calderón envió su iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas, en noviembre pasado, Labastida alertó sobre la necesidad de modificar a fondo la propuesta, pues se trataba del proyecto más brutalmente desmantelador de la administración federal.

Ayer expuso que, en casi un año de negociaciones, se logró acotarla, ya que la iniciativa no se refería sólo a otorgar contratos a particulares para la construcción de obras, sino que estaba abierta para que escuelas, hospitales, cárceles y demás infraestructura pública pudiera ser dada al sector privado, para que éste la manejara. ¡De ese tamaño era la pretensión!

Explicó que Calderón pretendía también que los proyectos fueran asignados sin licitación, obligaba a destruir toda la documentación del concursante que no ganara, exigía que la información del ganador de la licitación nunca fuera conocida, violando las disposiciones de transparencia. Esto, sólo por mencionar algunas de las más obvias. Todo eso quedó eliminado del proyecto.

Sin embargo, en la sesión del jueves, en que se discutieron sólo los artículos reservados, pues la ley se había aprobado en lo general el 29 de abril pasado –pero quedó pendiente la discusión en lo particular–, el PAN y la mayoría priísta rechazaron que se especificara que esas asociaciones público-privadas no deben operar en seguridad pública, educación y salud.

Labastida dijo que en el artículo 10 del dictamen se señala que en ningún caso podrán otorgarse permisos, autorizaciones o concesiones para la prestación de servicios en materia de petróleo y en los demás casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no puede intervenir el sector privado.

El riesgo de privatización no se elimina, explicó, pues requieren las adecuaciones en las leyes correspondientes. Es decir, un trabajo legislativo adicional.

Comentó que las posibilidades de modificar el dictamen en el Senado son muy reducidas, por práctica parlamentaria, ya que los artículos reservados ya se votaron.

Vamos a tener que conversar con los diputados de nuestro partido [PRI] para tener un intercambio de opiniones y ver qué cambios le pueden realizar ellos.