La articulación

de las luchas comunitarias

Octavio Rosas Landa

A dos años de su fundación, el 31 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) se reunió, por sexta ocasión, los días 11 y 12 de septiembre, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca (comunidad afectada, junto con San José del Progreso, Maguey Largo y El Cuajilote, entre otras, por el proyecto de la transnacional minera canadiense Fortuna Silver Mines). Central para la reunión fue reflexionar sobre la necesidad de fortalecerse como espacio de resistencia y lucha comunitaria contra las innumerables formas que ha adoptado la devastación social y ambiental de México a manos de las sucesivas administraciones federales, estatales e incluso municipales. Éstas, por casi 30 años, han establecido como elemento central de su política económica, un esquema de desregulación ambiental orientado a favorecer las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) en proyectos mineros, carreteros, de grandes represas y trasvases, de urbanización salvaje, de gestión de los residuos y basura, y de privatización de los recursos naturales, servicios públicos e infraestructuras.

Tal desregulación no sólo les ha generado enormes ganancias a las empresas y a los políticos beneficiarios. Ya produjo innumerables crisis por agotamiento de los recursos hídricos, forestales, de biodiversidad o agrícolas —por la contaminación y sobreexplotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, por la incapacidad, provocada por el propio Estado, para enfrentar los cada vez más recurrentes desastres climáticos y por la inocultable destrucción de la salud de la población mexicana, expresada en las epidemias de influenza porcina, diabetes, obesidad y enfermedades raras que están asolando al conjunto de los habitantes del país.

En la ANAA convergen distintas luchas socio-ambientales locales, regionales y nacionales que enfrentan un creciente grado de simulación oficial. Así, el gobierno declara por un lado en todos los espacios su “compromiso” con la preservación del ambiente, mientras que, por el otro, difama, desconoce, golpea y criminaliza todo intento de crítica y defensa colectiva de los derechos de los pueblos a su autonomía y a una toma de decisiones informada y verdaderamente democrática sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios.

Por ello, una de las principales reivindicaciones de la Asamblea consiste en la demanda de que en México se realice un diagnóstico que haga visibles, una por una, las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de más de 15 años de libre comercio y se reconozca, dentro y fuera del país, la real situación de colapso ambiental en México. Igualmente, la Asamblea trabaja desde su creación en la articulación regional de las luchas locales con el fin de sacarlas de la invisibilidad. Trabaja fortaleciendo (a través de un proceso de autoformación) su propia comprensión sobre la conexión entre cada una de las luchas locales, enfatizando la importancia de alternativas autogestionarias y convergentes. Es vital demostrar la pertinencia de sus demandas y acciones para que formen parte de un movimiento social más amplio, dirigido a detener y revertir la destrucción general del país. La lucha de la ANAA tiene como ejes el respeto común a la autonomía de las luchas locales y el apoyo solidario y pacífico de todos sus participantes a la defensa de causas comunes de escala nacional. Entre ellas la exigencia de que se prohiba en México el cultivo de maíz transgénico; la denuncia contra la pretensión del gobierno mexicano de sacar provecho de la crisis climática mundial para promover, como supuestos “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, la instalación de granjas industriales en todo el territorio nacional; o bien la oportunista aplicación del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.

En esta sexta Asamblea, realizada en el contexto de una creciente militarización del país, de descomposición generalizada de las instancias de representación política y del sistema jurídico, de criminalización despiadada de las luchas sociales y de agresión militar y paramilitar en Oaxaca, el ánimo de los casi mil 200 participantes de 13 estados del país (junto con los asistentes de organizaciones nacionales como La Vía Campesina, el Movimiento Urbano Popular, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Red en Defensa del Maíz y observadores de otros países) fue avanzar en la consolidación de un amplio movimiento social. Tiene que ser un movimiento que integre, dentro de las agendas de cada una de las luchas, el reconocimiento de la problemática ambiental que sufre todo el país y las alternativas autogestionarias que aplican las comunidades locales indígenas, campesinas y urbanas, para reconstruir una identidad común. Esto, no sólo como afectados ambientales, sino como portadores de novedosas formas comunitarias de gestión del territorio y de la riqueza social de la que el capital y el Estado pretenden despojarnos mediante su destrucción y privatización.

Por ello, la ANAA decidió, en Magdalena Ocotlán, sumarse a la iniciativa propuesta por La Vía Campesina de realizar, a finales de noviembre, una serie de caravanas de observación, visibilización y denuncia de la verdadera política ambiental del gobierno mexicano, en el marco de la COP16 de Cancún. Igualmente a las movilizaciones que esa red internacional realizará para exigir el fin de la simulación oficial frente a la crisis climática y ambiental, el reconocimiento de que los campesinos son los que verdaderamente enfrían el planeta, y exigir el fin de los privilegios fiscales, jurídicos y políticos a las empresas transnacionales que, además de haber provocado la crisis actual, pretenden ahora vendernos sus falsas soluciones.

Octavio Rosas Landa es parte del Consejo Nacional de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Virginia Chonquitel, última sobreviviente de la tribu ona, Rio Grande, Argentina. Foto: Patrick Bollen