En pleno periodo de elección vecinal y con la presión de haber obtenido sólo la mitad de la ampliación presupuestal solicitada para dicho proceso, el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) gastará cerca de 800 mil pesos para pagar a ex trabajadores despedidos este año, quienes promovieron juicios laborales ante el mismo órgano jurisdiccional para reclamar diversos pagos y la restitución del cargo.

Son en total siete acuerdos conciliatorios que ya fueron ratificados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por montos desde 50 mil, hasta 156 mil pesos.

Destaca el hecho de que en estos casos el representante legal de los ex trabajadores que demandaron es un ex funcionario del mismo tribunal, José Francisco Delgado Estévez, quien ocupó la Secretaría Administrativa en la pasada administración y antes fue secretario de estudio y cuenta en la ponencia del entonces magistrado Rodolfo Terrazas Salgado.

Los pagos convenidos con los ex trabajadores, pertenecientes a diferentes áreas como la Dirección General Jurídica, la Coordinación de Tecnologías de la Información, la Secretaría General y de algunas ponencias, ascendieron a 50 mil, 156 mil, 120 mil, 116 mil, 132 mil, 75 mil, 60 mil y 80 mil pesos, para totalizar 789 mil pesos.

Informes del mismo órgano electoral señalan que 2010, con 16 juicios laborales ingresados hasta hace dos meses, es el año con el mayor número de querellas de este tipo contra el mismo TEDF promovidos algunos de ellos por ex colaboradores del magistrado Miguel Covián Andrade, destituido en febrero pasado.

Antes, 2003 era el año con el mayor número de juicios promovidos por trabajadores que fueron despedidos del mismo órgano electoral, al haberse ingresado nueve casos, mientras que en el resto de los años variaban de uno a cuatro juicios y en 2006 y 2007, no se recibieron casos.

En septiembre pasado, la Secretaría de Finanzas del Gobierno capitalino autorizó una ampliación presupuestal de 12 millones de pesos, de poco menos de 24 millones que solicitó, al órgano jurisdiccional por la carga de trabajo que significarán los juicios derivados de la elección vecinal.