En el proceso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolla contra el Estado mexicano por la tortura sexual contra 11 mujeres durante la toma de San Salvador Atenco en mayo de 2006, el gobierno de Felipe Calderón se ha negado continuamente a reconocer los hechos, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En conferencia de prensa, se informó que el gobierno federal ha argumentado que en México las investigaciones por estos abusos se han conducido conforme a derecho, por lo que el caso no puede ser atraído por el organismo internacional. Esto manifiesta su escaso compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, por lo que consideró que existen todos los elementos para que la CIDH atraiga las investigaciones, pues los abusos siguen impunes.

En abril de 2008, 11 de las más de 20 mujeres que sufrieron abusos sexuales en los operativos policiacos en Atenco, presentaron una petición ante la CIDH para lograr justicia.

En diciembre de 2009, la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano, al que dio dos meses para presentar sus observaciones. Fue hasta el 23 de julio que el Estado presentó sus alegatos, en los que expresa su oposición a que el organismo atraiga la indagatoria, con el argumento de que las investigaciones se han conducido de manera diligente y las denunciantes han tenido diversas vías y recursos legales disponibles.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, aseguró que el informe entregado por México a la CIDH muestra que se absolvió por completo a los pocos policías que eran investigados por su participación en los hechos. El Estado mexicano sigue violando el acceso a la justicia de estas 11 mujeres ya que ningún policía ha sido sentenciado. Esto es inadmisible para un Estado que se declara democrático.

La postura de la ONG –que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional acompaña a las víctimas en la denuncia ante la CIDH– es que la respuesta oficial perpetúa la impunidad, cuyos orígenes se remontan a la errónea decisión de la Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), que en julio de 2009 declinó la competencia en favor de las instancias del estado de México, donde los sistemas de procuración de justicia se caracterizan por su sujeción al Ejecutivo local y por la descalificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos argumentado razones de orden público.

Jaqueline Sáenz, abogada del centro, dijo que la respuesta que México presentó ante la CIDH abona a las constantes negativas de las autoridades mexicanas de que en el país se violen las garantías individuales.

Recordaron que por más de cuatro años “el Estado mexicano ha sido ineficiente para procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos perpetradas el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. El 30 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso favorable al resolver la libertad inmediata de los 12 presos detenidos durante la incursión policial a Atenco. Sin embargo el lamentable episodio de violaciones a los derechos humanos en Atenco dista mucho de ser concluido favorablemente, al no existir condiciones para que las mujeres agredidas por las fuerzas de seguridad estatales y federales participantes en el operativo encuentren justicia”.