El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá este mediodía un dictamen en el que considera que las conductas del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, son presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral, por lo que remitirá el expediente de la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Secretaría de Gobernación, instancia responsable de sancionar a las asociaciones religiosas y los ministros de culto.

Con el respaldo mayoritario de los consejeros electorales, la discusión versará sobre un posicionamiento político del organismo contra los citados jerarcas religiosos, a fin de inhibir nuevas intromisiones clericales en la vida política del país.

El año pasado, el extinto Partido Social Demócrata (PSD) fue objeto también de un embate de la Iglesia católica por sus posturas en torno al aborto, actitud que quedó impune por el deslinde de la Secretaría de Gobernación cuando el IFE le remitió el expediente de la queja.

El dictamen del caso de Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar señala que con la remisión del expediente a Gobernación, tras realizar varias diligencias, se pretende dar plena vigencia al mandato constitucional respecto de la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, a fin de que los ministros de culto señalados no se inmiscuyan en la vida civil y política del país.

Se indica que se turna el expediente a Gobernación porque es esta instancia del gobierno federal, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, la única autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales al respecto.

El código electoral vigente no menciona en su articulado procedimiento alguno para que la autoridad electoral se pronuncie acerca de la comisión de infracciones por parte de los ministros de culto, asociaciones religiosas o agrupaciones de cualquier religión, ni imponga sanciones, pues dicha facultad está prevista para la Secretaría de Gobernación.

El proyecto determina que la conductas del cardenal Sandoval Íñiguez y del sacerdote Hugo Valdemar son presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral. Se turna el expediente para los efectos legales a que haya lugar, según se establece en las conclusiones del citado dictamen.

El propósito –se indica– “es informar a Gobernación la posible comisión de infracciones a la normatividad electoral por parte de los supracitados sujetos, para que esta dependencia del gobierno federal proceda conforme a sus atribuciones.

Esto es, dé inicio al procedimiento respectivo, verifique la infracción al ordenamiento jurídico electoral y establezca, en su caso, la sanción correspondiente dando así plena vigencia al mandato constitucional.

De acuerdo con los antecedentes, Hugo Valdemar ha calificado varias veces al Partido de la Revolución Democrática como fascista, por el apoyo al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, además de llamar abiertamente a los ciudadanos a no votar por el sol azteca, que actúa en contra de la fe y la moral.

Mientras que en el caso del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, éste acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, de haber repartido (maiceado) dádivas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar las uniones de parejas del mismo sexo.

A diferencia al procedimiento actual, cuando el PSD se quejó contra la Iglesia, el IFE no realizó investigación alguna y solamente se limitó a enviar todo el expediente a Gobernación, que lo desechó. Fue hasta que ese partido se quejó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que éste consideró que existían elementos para suponer que sí había un agravio, cuando el IFE reabrió el expediente, no resuelto hasta la fecha.