Quito, 7 de octubre. El gobierno ecuatoriano alertó hoy sobre la peligrosidad de supuestos grupos paramilitares conformados por policías activos y retirados, que habrían participado en el intento de golpe de Estado de hace una semana, al tiempo que ordenó el retiro de armas a los agentes sublevados que fueron identificados en videos.

El presidente Rafael Correa, al anunciar que habrá una depuración en la policía y sanciones con toda la firmeza de la ley contra los implicados en la intentona, informó que restructurará el sistema de inteligencia desde cero.

Aseveró que estos cambios se hacen necesarios ya que todo está infiltrado por la financiación extranjera del pasado, en alusión a la asistencia estadunidense.

El canciller Ricardo Patiño reiteró la denuncia de Correa sobre la existencia de un presunto escuadrón paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), que previo a la revuelta difundió pasquines incitando a sublevarse contra una ley que derogó bonificaciones para la fuerza pública.

Sostuvo que, además de personal activo, también estaría participando gente que antes estuvo en la policía y que ante la eliminación de sus prebendas estaría intentando tener un poder.

El presidente Correa señaló que “esta gente que hasta baleó ambulancias, sacó a los heridos y los trató de ejecutar, es en extremo peligrosa, nos recuerda bien a los escuadrones de la muerte, la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y los grupos paramilitares que ha sufrido América Latina en otras épocas”.

También denunció que en la policía existe un grupo ideológico de extrema derecha, sanguinario heredero de la época en que más se violaban los derechos humanos, y que está enfadado porque se reabrieron casos sobre esas agresiones y se cortó la dependencia de Estados Unidos por parte de algunas unidades.

Correa afirmó que esas fuerzas y los opositores que están detrás de la tentativa golpista intentarán atentar contra él, sus colaboradores –que han recibido amenazas– y seguidores.

En ese contexto, el canciller Patiño llamó a cuidar la democracia de América Latina, tras la alerta del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, de que intentonas golpistas como la que enfrentó el presidente Correa podrían repetirse en la región.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Ponce, anunció una investigación contra militares que bloquearon el aeropuerto de Quito durante los desórdenes. Hasta ahora las autoridades sólo han informado de las medidas de la justicia adoptadas contra la policía.

La fiscalía confirmó nuevas órdenes de prisión preventiva contra 13 policías por el cargo de rebelión, con lo que suman 59 detenidos. El único civil arrestado entre los presuntos cabecillas es Fidel Araujo, a quien se le ratificó prisión preventiva por 90 días en el proceso por instigar la rebelión.

Araujo es un militante cercano del ex presidente Lucio Gutiérrez, ambos del partido Sociedad Patriótica (SP). Pero Gutiérrez, que ha sido señalado por Correa como el autor intelectual de la rebelión, rechazó la acusación y que haya existido una intentona, y anunció que demandará al jefe de Estado por daños y perjuicios.

Por lo demás, Correa también afirmó que hay evidencia de que la escolta policial legislativa estuvo bajo las órdenes de Gilmar Gutiérrez, hermano del ex presidente y asambleísta de SP.

La Asamblea Legislativa retomó hoy sus actividades, tras dos fallidas convocatorias a sesionar por falta de garantías en la última semana. Sin embargo, el recinto permanecerá militarizado durante dos meses después de que fue disuelta la escolta policial de la Cámara debido a la revuelta.

Uno de los principales temas a discutir es el motín policial.

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y de su brazo político Pachacutil, insistieron en que el jueves 30 de septiembre no hubo intento de golpe ni secuestro del presidente y que lo que hay es una democracia dictatorial.

El experto de Naciones Unidas, Frank La Rue, exhortó al gobierno ecuatoriano a garantizar la libertad de prensa y a los medios de comunicación locales a mantener los estándares más altos de ética y profesionalismo.