La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el juzgado 16 de distrito radicado en Veracruz negó a Grupo Iusacell la suspensión en contra de la entrega de títulos de concesión a Televisa-Nextel en la licitación 21. No obstante, sigue vigente el fondo del asunto, que consiste en determinar si las bases de licitación son constitucionales o no, por lo que el anuncio constituye una estrategia de la SCT para distraer la atención de lo importante y de lo grave que es la solicitud de juicio político contra su titular, Juan Molinar Horcasitas, afirmó el abogado de Grupo Iusacell, Salvador Rocha Díaz.

A menos de 24 horas de haber sido notificados, representantes legales de la SCT acudieron al juzgado 16 de distrito a exponer sus argumentos sobre el desarrollo de la licitación 21 para servicios de telecomunicaciones. Como resultado el juzgado determinó negar la suspensión que ya había concedido a Grupo Iusacell, debido a que de haberla mantenido habría incurrido en una violación a la ley de interés general.

Mientras continúa la disputa legal entre Grupo Iusacell y la SCT, está pendiente que Televisa defina si comprará el 30 por ciento de acciones de Nextel México en mil 400 millones de dólares, como se había comprometido al formar alianza con esa empresa estadunidense para participar en las licitaciones 20 y 21.

Una suspensión conocida

La SCT dijo haber sido notificada de la existencia de la concesión a las 15:02 horas del 6 de octubre. Antes había negado conocer el asunto de manera oficial, pero desde el primero de octubre Grupo Iusacell le notificó el hecho, por lo que la SCT debió detener la entrega de título de concesión a Televisa-Nextel, porque por jurisprudencia una suspensión causa efecto desde que se emite, aseguró Rocha Díaz.

A pesar de que el juzgado ha negado la suspensión, el fondo del asunto sigue vigente y consiste en esclarecer si las bases de la licitación 21 son constitucionales, si el gobierno cumplió con el artículo 134 constitucional sobre explotar de la mejor manera y obtener los mejores beneficios de la concesión de un bien de la nación como es el espectro radioeléctrico, ya que todo indica que hay un daño a las finanzas públicas de por lo menos 5 mil millones de pesos, afirmó el abogado.

Dijo que la SCT tiene razón al afirmar que le negaron la suspensión, pero en realidad lo que intenta es distraer la atención de las solicitudes de juicio político que se presentaron en el Congreso en contra del secretario Juan Molinar Horcasitas; del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, y del comisionado Gonzalo Martínez Pous.

Rocha Díaz dijo que las irregularidades en el proceso de licitación 21 son cada vez más y mayúsculas porque la SCT pretendió acabar el conflicto con la entrega del título a Televisa-Nextel y empeoró las cosas. La dependencia está confesa de conocer la suspensión dictada por el juzgado 16 para que no entregara el título de concesión a Televisa-Nextel, por lo que debió acatar la medida, ya que era válida desde que se emitió y no era necesario que la notificara personal del juzgado.

Sin embargo, el jurídico de la SCT actuó como abogado de mafiosos al evadir el mandato del juez 16 y también al decidir por cuenta propia que la medida cautelar dictada por el juzgado 29 civil no procedía por no ser de la competencia del juzgador, cuando debió esperar la resolución del tribunal correspondiente.

Denuncia de filial de Iusacell

La empresa SOS Telecomunicaciones, filial de Iusacell, denunció hace dos días al secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a los que acusa de haber violado la suspensión provisional que una juez federal de Córdoba, Veracruz, otorgó para frenar la entrega de títulos de concesión al consorcio Televisa-Nextel.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en trámite una denuncia penal en la que el titular de la SCT y dos integrantes de la Cofetel figuran como presuntos responsables de haber violado el artículo 134 de la Constitución, derivado de un desacato a una suspensión de amparo emitida por el juzgado 16 de distrito en Veracruz, que ordenaba la no entrega de títulos de concesión al consorcio Nextel-Televisa, revelaron fuentes ministeriales.

Respecto al incidente de violación a la suspensión, se tramitó en el juzgado 16 de distrito en Veracruz, a cargo de la juez Naela Márquez, quien ya emplazó a las autoridades mencionadas para que informen sobre los hechos que tuvieron lugar el viernes pasado, cuando se concretó la entrega de los títulos.

Según consta en el acuerdo de la juzgadora, publicado ayer en la lista del juzgado sexto, se requirió a las autoridades responsables (el pleno de la Cofetel y al secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas) para que en el término de 24 horas informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, con el apercibimiento de que de no hacerlo, su omisión quedará sujeta a lo que se resuelva en el incidente interpuesto por la parte quejosa.

Violar una suspensión es un delito federal equiparable al abuso de autoridad, según el artículo 134 de la Constitución. Pero antes de que la PGR conozca del caso, los jueces que tramitan un incidente de violación a una suspensión en vías de amparo deben resolver si existió la violación denunciada.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha declarado en días pasados que la entrega de títulos fue correcta, pues afirmó que el viernes anterior por la mañana, aún no había sido notificado personalmente de la suspensión provisional otorgada por la juez.

Esa suspensión, en la que se dieron a SOS cinco días para pagar una garantía superior a mil millones de pesos, fue publicada el pasado viernes en la lista del juzgado. La ley de amparo señala que las notificaciones a las autoridades deben hacerse de manera personal.