Los grupos plurales de legisladores de ambas cámaras del Congreso que dieron seguimiento al llamado michoacanazo se comprometieron con los alcaldes y ex funcionarios acusados de tener nexos con el narcotráfico y liberados en su mayoría, a impulsar las reformas legales necesarias para eliminar o acotar las figuras de arraigo y testigos protegidos, a fin de evitar que se repitan casos como ése.

En el Senado, los integrantes del grupo plural, presidido por senador perredista Carlos Sotelo, demandaron al gobierno de Felipe Calderón no politizar más ese caso, respetar al Poder Judicial y dejar de presionar al juez Efraín López Cázares, quien ordenó la liberación de 34 de los 35 detenidos, por falta de pruebas.

Tanto senadores como diputados recibieron ayer, en reuniones por separado, a 15 de los michoacanos ya en libertad, entre ellos el ex procurador de Justicia de Michoacán, Miguel García Hurtado, quien expresó preocupación ante el riesgo de que vuelvan a detenerlos, con nuevas acusaciones prefabricadas, luego de las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien respaldó a la PGR en su queja contra el juez de la causa.

Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Justicia del estado de Michoacán, denunció que junto con sus familiares sigue siendo objeto de amenazas, a pesar de que ya fueron detenidos, vejados, humillados y liberados, y expresó temor de que se pretenda influir en las autoridades jurisdiccionales para cambiar el sentido de sus determinaciones en el caso de Armando Medina, el alcalde de Múgica, quien sigue preso. Ante ello, el senador Sotelo dijo que insistirían en ser recibidos por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, y recordó que el grupo plural presentó una iniciativa en mayo para acotar las figuras de arraigo y testigos protegidos.

Los senadores panistas Luis Alberto Coppola y Marko Cortés coincidieron en que se debe revisar y corregir el marco legislativo, ya que se ha hecho un uso indebido de esos instrumentos. Los legisladores del blanquiazul señalaron que se debe reparar el daño moral y económico a los alcaldes y funcionarios michoacanos que padecieron un procedimiento amañado.

El senador Cortés dijo que ni siquiera se han pedido disculpas a quienes se privó de su libertad y fueron agraviados, a pesar de que no fueron encontrados culpables por el Poder Judicial.