Las declaraciones del presidente Felipe Calderón, en las que ratificó su afirmación de que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México y censuró el desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) en los comicios recientes, fueron cuestionadas por los consejeros de este organismo, porque alienta la polarización y redita traumas del proceso de 2006, que ya debía estar superado.

El Presidente debería generar condiciones de gobernabilidad, y eso pasa por una sana relación con los actores políticos, manifestó el consejero Francisco Guerrero.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños aseveró que si el Presidente es un hombre de Estado, tiene una responsabilidad superior de generar un clima de armonía y entendimiento entre los actores políticos.

Señaló que las imputaciones que hizo el jefe del Ejecutivo federal contra el IFE podrían generar la promoción de una queja de quien se sintiera afectado y colocar al instituto en la disyuntiva de revisar si hubo una posible denigración o calumnia, en el contexto de la nueva legislación electoral.

Entrevistada por separado, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, indicó que los organismos electorales no pueden perseguir de oficio a los ciudadanos o los servidores públicos por sus expresiones políticas.

Interrogada acerca de lo expresado por Calderón, Alanís se limitó a solicitar a los funcionarios que sean responsables y sugirió a consejeros y magistrados ser cautelosos en el análisis de cada impugnación.

Además, la presidenta del TEPJF solicitó a los legisladores que, en el contexto de una posible reforma electoral, delimiten los alcances de las normas en cuanto al derecho de los funcionarios públicos a la libre expresión, cuando se trate de alguna manifestación de tipo proselitista que pueda afectar la equidad en las contiendas.

Las autoridades electorales no somos inquisidoras o inquisitorias. No podemos estar callando a los ciudadanos ni prohibir a los políticos que hagan política, expresó la presidenta del TEPJF al ser entrevistada después de la inauguración de un seminario del Observatorio Judicial Electoral.

El consejero Alfredo Figueroa dijo que Calderón está en su derecho de hablar de lo que considere necesario, eso es un ejercicio de libertad, pero otra cosa es, dada la responsabilidad pública que tiene el Presidente, si resulta prudente hacer una redición del debate suscitado en 2006.

Respecto de las críticas que Calderón hizo al IFE, Figueroa  sostuvo que el Presidente debe entender que hay prohibiciones constitucionales muy claras que lo incluyen, no lo excluyen. No está prohibido que se pronuncie, sino que promueva programas sociales utilizando la figura de la cadena nacional, como lo hizo, en tiempos electorales.

Baños le recordó a Calderón que un factor importante que detonó la reforma electoral fueron las campañas de denigración contra los adversarios. Resultan lamentables las declaraciones del Presidente sobre la elección de 2006, que a nadie dejó satisfecho.

Al referirse a las críticas que el jefe del Ejecutivo federal hizo al IFE porque el organismo afirmó que el Presidente violó la legislación al emitir mensajes en cadena nacional durante los procesos locales de 2009, Baños dijo que es muy riesgoso para la democracia que se sigan litigando decisiones de la autoridad cuando ya fueron ratificadas por los tribunales.

El Presidente tuvo tiempo para defender su posicionamiento, pero una vez que el tribunal ratificó la decisión del IFE, en nada ayuda mantener las descalificaciones contra la autoridad electoral.

Guerrero indicó que las expresiones del Presidente no ayudan a la democracia, porque reabren la herida que dejó la elección de 2006, y si bien está en libertad de hacerlo, hay que recordar que después de ese proceso se aprobó regular más las acciones o expresiones que calumnian y denigran. Pensé que ya habíamos superado el trauma de 2006 y eso era ya historia.

El consejero afirmó que las declaraciones de Calderón sólo provocan más tensiones y turbulencias, que nada aportan a generar un clima de gobernabilidad en un contexto como el que vive el país.