or no resolver el conflicto en la esfera de su responsabilidad, subsecretarios y secretario de Gobierno de Chiapas hicieron que el gobernador Juan Sabines Guerrero fuera merecedor de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los funcionarios minimizaron el asunto de intolerancia religiosa contra los evangélicos y ahora deben responder por su omisión e incompetencia.

Hace un año, en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, los indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, entre los que debe incluirse a las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en sufragar ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas. El 7 de octubre de 2009 en las oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno chiapaneco, instancia presidida por el profesor Enrique Ramírez Coronado, recibieron copia del documento que los amenazados de expulsión hicieron llegar al presidente municipal de Huixtán. En el escrito los agraviados solicitan la toma de medidas pertinentes para que la problemática de intolerancia religiosa no se agudice [en su contra].

De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre), ante la solicitud de auxilio, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad.

La responsabilidad de hacer nada en favor de los días después desarraigados de Chilil va más allá de evadir proteger los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que Ramírez Coronado, y los funcionarios a su cargo en la oficina de Asuntos Religiosos, se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que está ejerciendo un creciente número de indígenas por propia decisión.

Los valores culturales tradicionales y los valores emergentes pueden convivir sin conflictividad violenta, como lo demuestran infinidad de casos en los pueblos predominantemente indios de Chiapas, y hacia allá tienen la obligación de apuntar los funcionarios gubernamentales. Su tarea no es, como en el caso de Chilil y varios más, decir a los indígenas evangélicos que pueden creer lo que se les antoje, siempre y cuando cumplan con las cooperaciones y cargos comunitarios estrechamente vinculados a la identidad religiosa católica tradicional de la mayoría. Poner el peso de los hostigamientos, golpizas y expulsiones en los agraviados es privilegiar a sus victimarios y compartir con ellos la convicción de que eso les pasa a los perseguidos por involucrarse con creencias extrañas y disolventes del status quo.

La recomendación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dirigida al gobernador de Chiapas, al diputado José Ángel Córdova Toledo (presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Chiapas), y a los miembros del ayuntamiento constitucional de Huixtán, hace un pormenorizado recuento de la justicia denegada a los evangélicos de Chilil, y después señala con precisión a los responsables de perjudicar a las víctimas.

En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción tercera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.

Entre las recomendaciones de la CNDH al gobernador Juan Sabines, está la de garantizar el retorno de los evangélicos expulsados a Chilil, girar instrucciones a quien corresponda para que de una vez tenga solución el conflicto religioso, y disponer lo necesario para educar a los funcionarios de su gobierno en la salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia.

Me parece que la excelente investigación de la CNDH, y sus considerandos para hacer valer las leyes en el caso Chilil, deben ser correspondidos por el gobernador chiapaneco con el cumplimiento irrestricto de los mismos. Un buen inicio, para desbrozar el camino, sería solicitar su renuncia al subsecretario de Asuntos Religiosos, Enrique Ramírez Coronado.