La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, al Congreso del estado y al ayuntamiento de Huixtán, por el caso de 20 personas que fueron expulsadas de su comunidad por intolerancia religiosa el 17 de octubre de 2007. Pidió al mandatario estatal realizar acciones urgentes y necesarias a fin de garantizar el retorno de los expulsados a sus hogares, su pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan.