De 2008 a la fecha el número de adolescentes en conflicto con la ley que atiende el Gobierno del Distrito Federal (GDF) aumentó en más de 98 por ciento, al pasar de 2 mil 914 jóvenes a 5 mil 52, de los cuales 4 mil 128 llevan su tratamiento en libertad.

Pese a este incremento, la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores señaló que, a dos años de que el gobierno de la ciudad tomó la responsabilidad del sistema de justicia para adolescentes, se han obtenido logros importantes para la reinserción de esos jóvenes, al ofrecerles alternativas de desarrollo y vincular a sus familias con su proceso de transformación.

Según las cifras de la dirección ejecutiva, en una de las seis comunidades para adolescentes hay 836 varones y 37 mujeres, lo que significa un aumento de 6.1 y 5.7 por ciento, respectivamente, con relación a 2008.

Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señalan que el delito en el que se ven más involucrados los menores de edad (más de 80 por ciento) es el robo, principalmente a transeúntes y en transporte público. A éstos les siguen homicidio y delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, portación de armas y contra la salud, con 3 y 2 por ciento, en ese orden.

Casi la mitad de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de hogares donde existe violencia y maltrato emocional y físico por parte de sus padres. Sobre las causas por las que delinquieron, los implicados señalan razones como conseguir dinero o ropa, saber qué se sentía, pensaba que no me iba a pasar nada y por curiosidad o para ser aceptado por mis amigos.

La directora de Tratamiento a Menores, Raquel Olvera Rodríguez, señaló que el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal está compuesto por cuatro actores: la PGJDF, con su agencia especializada; el Tribunal Superior de Justicia; la Consejería Jurídica, que proporciona la defensoría de oficio, y la propia dirección ejecutiva, encargada de ejecutar las medidas judiciales en las comunidades para adolescentes, antes conocidas como tutelares o correccionales.

Subrayó que a los adolescentes en conflicto con la ley se les garantiza un juicio justo y si son encontrados responsables reciben del juez no una condena, sino una medida judicial, que en ningún caso puede exceder los cinco años, la cual podrá cumplirse en libertad o en internamiento y siempre implica la aplicación de un tratamiento.

Dicho tratamiento, explicó Olvera Rodríguez, es un modelo diseñado específicamente para las necesidades de la población mexicana, el cual está orientado a brindar a los adolescentes la mayor cantidad de recursos y experiencias formativas para que replanteen su plan de vida dentro de un marco de legalidad.