Grupo Iusacell interpondrá una denuncia por responsabilidades administrativas, una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una más en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por haber entregado el título de concesión a Televisa-Nextel en un acto inusitado, absurdo y tramposo, aseguró el abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz.

Afirmó que también está dispuesto a colaborar con los legisladores en la integración del juicio político en contra del funcionario. Detalló que hay suspensiones provisionales vigentes en contra de la entrega del título de concesión de la licitación 21, por lo que en cualquier momento un juez puede decidir su revocación, de tal forma que sugirió a los abogados de Nextel analizar muy bien el caso antes de gastar un solo peso de la inversión prevista, sobre todo porque, dijo, Grupo Iusacell tiene 95 por ciento de posibilidades de ganar a pesar de que hasta la Presidencia de la República ha intervenido con los jueces.

Aseguró que el gobierno federal no tiene un solo argumento legal para sustentar la entrega del título a Televisa-Nextel, y calificó la acción de la SCT de “un sabadazo administrativo escandaloso, cínico, impúdico, ilegal y que complica más el caso porque los litigios apenas empiezan”.

El abogado sostuvo que la entrega de 30 megahercios (Mhz) por sólo 180 millones 300 mil pesos a Televisa-Nextel no es un asunto que lastime los intereses de Grupo Iusacell, sino los de todo el país, porque esa operación representa un daño patrimonial al Estado mexicano de al menos 5 mil millones de pesos.

Criticó que el director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, haya argumentado que habían entregado el título aprovechando una ventana de oportunidad, a pesar de que sabía que existía una suspensión que le sería notificada en cualquier momento.

Ahora, explicó, el caso es más complicado porque Iusacell continuará interponiendo todos los recursos legales que sean necesarios y ya no solicitará que no se entregue del título de concesión, sino que se detenga su aprovechamiento, por lo que recomendó a los abogados de Nextel analizar el caso antes de que la empresa empiece a invertir. Hasta puso en duda que Televisa cumpla con el trato que hizo con Nextel para comprar parte de la empresa si ganaba espectro en la licitación 21.

Rocha delineó el plan de acción de Iusacell con el nuevo panorama. Presentará una denuncia administrativa en contra de Juan Molinar Horcasitas para que se investigue si incurrió en abuso de sus facultades como funcionario público; iniciará una demanda penal en la PGR para que se determine si el funcionario incurrió en desacato o algún otro delito, aunque sabemos que la PGR va a defender hasta donde se pueda al funcionario y eso hará más impúdico el proceso.

Grupo Iusacell también presentará una nueva denuncia –por lo menos la segunda– en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue el daño al Estado. Aseguró que desde hace algunos meses ha proporcionado información a legisladores para que se integre el juicio político contra Molinar y contra el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan.

Puntualizó que de los casi 50 amparos que presentó Iusacell –ya se cuentan 67 con los de otras empresas–, sólo tiene que ganar uno para detener el proceso en el que el fondo del asunto, destacó, es la legalidad de las bases de licitación, que se respete el principio de libre competencia, y que el gobierno obtenga el mayor beneficio económico al concesionar un bien público, como define el artículo 134 constitucional, por lo que no se sostiene el argumento de la SCT de que éste es un asunto de interés social.