Documentos internos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a los que tuvo acceso La Jornada, refieren que en un año (2008 a 2009) prácticamente se duplicaron los casos donde algún magistrado o juez fue señalado por incurrir en responsabilidades administrativas, ya sea por negligencia o por descuido en el ejercicio de sus funciones. En ese lapso aumentó 66 por ciento el número de sanciones aplicadas, aunque en su mayoría fueron castigos mínimos.

Además, los datos estadísticos recabados por el CJF indican que en 2008 hubo 53 casos donde el pleno del consejo determinó responsabilidad de algún funcionario judicial, mientras en 2009 fueron 104, lo que significa 96 por ciento más. Aún está pendiente recabar los datos de sanciones administrativas correspondientes al año en curso (2010).

Entre 2008 y 2009, el número de sanciones también creció, aunque la mayoría fueron leves. En 2008 se aplicaron 71 castigos, pero sólo hubo cinco suspensiones, cuatro destituciones y una inhabilitación para el servicio público. El año pasado las sanciones fueron 118, lo que representa un crecimiento de 66 por ciento. Y aunque hubo 11 suspensiones, sólo dos funcionarios judiciales fueron destituidos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (PJF) permite que cualquier funcionario del sector sea sancionado por la vía administrativa cuando una de las partes involucradas en un proceso (abogado, querellante, demandado o trabajadores de alguna fiscalía) interponga lo que se conoce como queja administrativa.

De parte de las autoridades, las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación son las que más recurren a estos mecanismos de castigo interno contra jueces y magistrados, de acuerdo con fuentes del CJF consultadas por este diario.

El caso más reciente de actos de negligencia cometidos por un juez federal que se ha hecho público es el de Efraín Cázares López, titular del juzgado primero de distrito, con sede en Morelia, Michoacán, a quien la PGR acusó la semana pasada de haberse excedido en sus facultades al ordenar la libertad, supuestamente de manera indebida, de ex funcionarios de aquel estado que presuntamente estarían ligados al cártel de La Familia.

Estas investigaciones están a cargo de la Comisión de Disciplina del CJF, órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial Federal. Cuando el caso es más serio se lleva al pleno del consejo.

En total, en los últimos dos años el CJF analizó 643 expedientes que tuvieron que ver con posibles faltas a la disciplina, pero en el mismo periodo los jueces despacharon en sus oficinas más de 943 mil asuntos.

Los castigos pueden ir desde meros apercibimientos o amonestaciones hasta la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, y son aplicables a 545 magistrados de circuito, 255 jueces de distrito, más de 3 mil secretarios y otros funcionarios operativos de los 466 tribunales federales.

De acuerdo con una estadística del CJF, algunos de los casos que investigó y sancionó dicha instancia tienen que ver con acoso sexual de algún juez a sus subordinadas, presentarse al trabajo en estado de ebriedad o que el juzgador tenga vínculos de amistad estrecha o que mantuviera relaciones íntimas con alguna de las partes involucradas en litigios.