Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en las que señaló que el Estado mexicano es responsable por la tortura y violación sexual perpetrada por militares contra dos mujeres indí- genas Me’phaa en la sierra de Guerrero en 2002, reflejan la impunidad de la que gozan los elementos de las fuerzas armadas que violan las garantías fundamentales de los ciudadanos, en particular a los grupos vulnerables, señalaron organizaciones civiles.

Los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) aplaudieron el fallo de la Coidh y resaltaron la valentía de las dos víctimas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes por ocho años han demandando justicia, misma que les ha sido negada en instancias mexicanas.

Ambas organizaciones demandaron a los tres niveles de gobierno y a los poderes de la Unión cumplir la resolución de la Corte internacional, que es de carácter obligatorio.

Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan consideró que en ambas sentencias se aplicaron los máximos estándares internacionales de derechos humanos frente a los delitos cometidos por el Ejército Mexicano. Tocan el tema de la militarización que tanto daño ha causado al país, en estos dos casos en particular el fallo de la Coidh desnuda que los abusos se dirigen sobre todo a poblaciones vulnerables, en esta ocasión a mujeres pobres e indígenas.

El activista –cuya organización junto con el Cejil llevaron la defensa de Rosendo y Fernández ante la Corte– destacó la valentía de ambas mujeres. La resolución es paradigmática porque reconoce el esfuerzo de las víctimas y su testimonio, que fue negado constantemente por el gobierno federal. Las autoridades ministeriales siempre las discriminaron y no mostraron el más mínimo respeto por su palabra y denuncias.

Demandó que el Estado mexicano cumpla la sentencia, sobre todo para garantizar la seguridad de las dos mujeres indígenas y de sus familias, además que se aplique la sanción de la justicia civil a los militares responsables y se inicie la modificación del Código de Justicia Militar para que los abusos cometidos por soldados sean atraídos por la justicia civil.

Luz de esperanza

Alejandra Nuño, directora del programa de Centroamérica y México del Cejil, manifestó que las sentencias de la Coidh representan una luz de esperanza para que las víctimas y sus familiares accedan a la justicia.

Hacemos un llamado al Estado, a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, para que cumplan de la mejor manera con los fallos. Así se garantizará la justicia y que hechos similares no se vuelvan a suscitar.

Indicó que en estos casos la Corte encontró violaciones a tres tratados interamericanos de derechos humanos, ratificados por México. Esto da una idea de las múltiples violaciones a garantías fundamentales que halló el tribunal internacional.

Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, aseveró que el contenido de las sentencias tienen mucha relación con hechos que en la actualidad ocurren en México: Difícil acceso a la justicia de mujeres, en particular indígenas; falta de controles civiles para las fuerzas armadas, riesgos para los defensores de derechos humanos y delitos impunes.

Los tres activistas coincidieron que con estas ya suman tres sentencias de la Coidh contra el Estado mexicano por abusos de militares (el otro caso es el de Rosendo Radilla, desaparecido en Guerrero por soldados en 1974), por lo que el gobierno está obligado a modificar la jurisdicción militar para que los elementos castrenses que violen derechos humanos sean investigados por tribunales civiles.