Guatemala, 1o. de octubre. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, calificó hoy como un delito de lesa humanidad los experimentos practicados por Estados Unidos al inocular enfermedades venéreas a guatemaltecos en los años 40 durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Harry S. Truman y que fueron financiados por la Oficina Sanitaria Panamericana, antecesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es un delito de lesa humanidad lo ocurrido en esa época y el gobierno se reserva el derecho de una denuncia, afirmó el gobernante en improvisada conferencia de prensa, al revelar que poco antes fue notificado por la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, sobre los experimentos.

Las pruebas, efectuadas entre 1946 y 1948, llevaron a inocular enfermedades de transmisión sexual, conocidas como ETS, a cientos de guatemaltecos, entre soldados, presos, prostitutas y enfermos mentales, indicó Colom.

Los participantes en la investigación, unos mil 500, fueron alentados además a contagiar a otros y algunos de los que contrajeron sífilis luego no fueron tratados.

El mandatario guatemalteco calificó de espeluznante y desagradable la autorización del estudio, por lo que ordenó a los ministros de Salud, Defensa y Gobernación resguardar los archivos de esa época y crear una comisión que investigue esos delitos.

Los investigadores y expertos conocían del trabajo, reconocían la naturaleza y lo antiético de la investigación, aunque estamos conscientes que no es una política de Estados Unidos y de anteriores administraciones, porque fue en una época lejana, puntualizó Colom, quien anunció que participará en la comisión.

La cancillería de Guatemala recibió ayer informes sobre experimentos llevados a cabo en Guatemala entre 1946 y 1948 por el doctor John Cutler, oficial médico del Servicio Público de Salud de Estados Unidos.

El procurador de Derechos Humanos guatemalteco, Sergio Morales, coincidió en que se trata de delitos de lesa humanidad que por su naturaleza continúan vigentes y se pueden sancionar legalmente, aunque llamó la atención sobre el valor de Estados Unidos para reconocer el crimen.

El titular de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado, Nery Morales, afirmó que los hechos son graves, por lo cual no basta con pedir perdón, y el gobierno de Estados Unidos debe resarcir económicamente a familiares de las víctimas.

Por su parte, la OPS lamentó los experimentos, que recibieron financiamiento del ente precursor del organismo y de Estados Unidos.

Lamentamos profundamente las violaciones éticas reveladas y nos comprometemos a cooperar plenamente, en particular con Estados Unidos y Guatemala, para aclarar lo sucedido, señaló un comunicado de la OPS.

La OPS, cuyo ente precursor, la Oficina Sanitaria Panamericana, fue uno de los que financiaron el experimento, llamó a garantizar que nunca se permita nuevamente que violaciones de la ética como estas tengan lugar en nombre de la salud pública.

La OPS afirmó que mantiene desde hace años estándares éticos férreos para la investigación que patrocina o con la que se asocia a fin de prevenir tales abusos.