Las contingencias y desastres naturales ocurridos de enero a agosto de este año han requerido la erogación –por parte del erario federal– de casi 20 mil millones de pesos.

La cantidad no pagada nunca antes significa 2.5 veces más que todo el presupuesto anual de la Secretaría de Gobernación; más que el gasto programable para Marina-Armada de México o una cuarta parte de lo destinado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Rubem Hofliger, director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), dijo a La Jornada que en los siete años que tiene en el cargo nunca como ahora se habían registrado tantos desastres y, en consecuencia, el gasto para atenderlos había sido tan alto. Es un año pico, muy por arriba de la media. La cantidad es estratosférica.

En ese sentido, advirtió que al cierre de 2010 la autorización rebasará los 20 mil millones de pesos porque faltan por contabilizar los daños del último cuatrimestre, especialmente en Veracruz y entidades del sureste.

Por ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe dotar los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de la población afectada, así como para ejecutar los trabajos de reconstrucción.

Una vez que se acaba la bolsa inicial programada (en 2010 ingresaron 9 mil millones de pesos, 3 mil millones más que el promedio de años recientes), se procede a la ampliación.

Para ello, es necesario echar mano de otras fuentes de ingresos como la derivada de los excedentes petroleros. Sin embargo, en el último bienio no ha existido esa vía de recursos, de ahí que la programación millonaria del Fonden, instrumento financiero para apoyar a las entidades dañadas, significa un sacrificio e incluso un daño para el propio gasto público.

El monto cercano a los 20 mil millones de pesos para hacer frente a los sucesos de enero a agosto de este año, el desglose refiere 11 mil 300 millones de pesos ya autorizados, luego de la emisión de declaratorias de desastres, y unos 8 mil 350 millones de aquellas que están en trámite.

Deben sumarse 900 millones de pesos que han sido canalizados para la compra de insumos en la atención de emergencias (apoyo directo a las necesidades básicas de la población en materia de alimentación, cobijo y salud), así como 300 millones para actividades de prevención de desastres.

Ante este panorama, Hofliger señaló que se hace necesario multiplicar esfuerzos preventivos, especialmente para que los gobiernos locales programen partidas especiales en sus presupuestos a fin de tener dinero para la atención de contingencias, pero sobre todo para avanzar en el estudio y contratación de seguros de la infraestructura pública.

Respecto de las emergencias, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha emitido 73 en lo que va del año.

De un monto general de 900 millones de pesos, 324 millones han sido para 117 municipios de Veracruz; 135 millones para 108 alcaldías de Oaxaca y 66 millones para 13 de Tabasco. Muchas de estas declaratorias permanecen vigentes, es decir, hoy día continúan enviándose insumos.

En el caso de las declaratorias de desastres (dinero para reconstruir), casi la mitad ya están autorizadas y el resto se encuentran en fase de evaluación para la cuantificación de daños.

En este periodo, Veracruz ha sido una de las entidades más dañadas porque les llueve sobre mojado, es decir, todavía no terminan de evaluar daños y ya deben evacuar nuevamente las comunidades, como ha ocurrido en Minatitlán o Tlacotalpan; ello dificulta la situación y retrasa las obras de reconstrucción.

El Fonden, como programa financiero, tiene diversas etapas y métodos de supervisión del ejercicio de los recursos, los cuales no son manejados directamente por el gobierno federal o los estatales, sino a través de otras instancias, como Banobras, para pagar a los constructores, una vez que se supervisó el nivel de avance de los trabajos.

Cabe precisar que además de los recursos federales canalizados, los estados deben aportar lo propio, mientras en el caso del gasto en emergencias es necesario seguir, pese a la premura de acción que ordenan los hechos, ciertos protocolos para evitar mayores daños a la población.