La Armada de México está facultada constitucionalmente para combatir el narcotráfico en la zona exclusiva de 200 millas de mar patrimonial, determinó este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Corte estableció lo anterior al negar un amparo a 10 pescadores que fueron contratados para introducir más de 4.5 toneladas de cocaína al país, detenidos el 7 de junio de 2007 a 80 millas de las costas de Zihuatanejo, Guerrero.

Los detenidos fueron interceptados por patrullas de la Armada de México cuando transportaban la droga en tres embarcaciones menores. Alegaron que México no tenía derechos de soberanía y jurisdicción sobre la zona económica exclusiva y, por tanto, no habían consumado el delito de introducir en forma ilegal drogas al país –previsto en los artículos 193 y 194 del Código Penal Federal (CPF).

Los ministros de la primera sala de la SCJN señalaron que si bien la nación no tiene la propiedad absoluta de la zona económica exclusiva (ZEE), al ejercer derechos de soberanía y jurisdicción, y por tener facultades para legislar al respecto, sí se puede ejercer jurisdicción penal en ese espacio.

Además de impugnar el CPF, en el juicio de amparo los pescadores argumentaron que en 2005 fueron contratados en Puerto Escondido, Oaxaca –de donde son originarios–, por unos desconocidos que los invitaron a hacer un trabajo en el norte del país y que la aventura terminó en pesadilla cuando fueron amenazados de que si no cumplían la encomienda sufrirían las consecuencias ellos y sus familias.

Cuando aceptaron, los desconocidos les entregaron boletos de avión para viajar a Guadalajara donde, según testimonio de los pescadores, los llevaron a una casa de seguridad, y les proporcionarion alimentos y hospedaje durante varios días, pero les prohibieron salir a la calle o tener contacto con el exterior.

Según el expediente, al que tuvo acceso La Jornada, José Alonso Padilla, Próspero Reyes, J. C. Galguera, Ignacio Díaz, Héctor Solís, Flavio Serrano, Roberto Cavariega, Saúl Flores y Pedro Bautista fueron contratados de forma individual y se conocieron en la casa de seguridad.

Días después los llevaron a una playa donde hombres armados los amenazaron para que subieran a tres embarcaciones. Les dieron las coordenadas del sitio en altamar donde debían esperar un barco camaronero que les entregaría la mercancía; después les indicarían a qué lugar llevarla.

Los sujetos los amenazaron, les advirtieron que conocían a sus familias y sabían dónde vivían, y si no cumplían la encomienda sufrirían las consecuencias.

En ese momento, afirmaron, supieron que se trataba de tráfico de droga y tuvieron que realizar el trabajo por temor a represalias.

Sin embargo, fueron interceptados en mar patrimonial por una patrulla de la Armada de México, detenidos, consignados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de cocaína al país.