El Congreso chileno aprobó este jueves tras una complicada discusión legislativa una modificación que limita la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y que acoge parcialmente las demandas de los 34 presos mapuches que mantienen una huelga de hambre desde hace 81 días, al tiempo que continuaban movilizaciones sociales en apoyo a los indígenas.

Por lo pronto, el gobierno del presidente, el empresario Sebastián Piñera, recibió a una delegación de familiares de los presos mapuches en huelga de hambre que reclaman por ser sometidos a polémicos juicios dobles por las justicia civil y militar.

La delegación estuvo encabezada por la lonko (dirigente) Juana Calfuneo, que fue recibida por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, mientras organizaciones sociales marcharon en esta capital en apoyo a los comuneros.

El ministro Hinzpeter anunció que con su par Cristián Larroulet viajará al sureño Temuco, con el objetivo de dialogar directamente con los voceros de los mapuches presos. Esperamos que allí esa conversación se dé en un ambiente de tanta franqueza y tanta cordialidad como la que hemos tenido hoy, dijo Hinspeter.

En la Cámara de Diputados se aprobó por 81 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, una modificación a la ley antiterrorista impulsada por el presidente Piñera, en un intento por desactivar una huelga de hambre de 34 indígenas mapuches, la mayor etnia del país.

Los indígenas, procesados bajo la severa normativa –que triplica las penas respecto a los delitos comunes–, piden la abolición de la ley para deponer su manifestación, en la que 22 ayunantes llevan 81 días.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la prohibición de aplicar la ley a menores de 18 años y una reducción de las penas por el delito de incendio, por el cual están acusados la mayoría de los mapuches tras el ataque a predios que consideran suyos por derechos ancestrales.

Se cambió también la definición de delito terrorista, por lo que ahora deberá demostrase la intención de causar terror; en tanto aumentaron las penas al financiamiento del terrorismo.

Se garantizó que la defensa de los acusados pueda contra-interrogar a los testigos protegidos, aunque se mantienen los ‘testigos sin rostro’, figura que ha sido crucial para el encausamiento de los indígenas, que acusan montajes de parte de las autoridades.

Al no acoger por completo sus demandas, los indígenas consideraron insuficiente la modificación legal.