La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arremetió contra los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los responsabilizó de que muchos objetivos emanados de la reforma energética aprobada a finales de 2008 no se hayan alcanzado, además de acusarlos de responder a intereses políticos o de grupo.

Recomendó que la nominación de consejeros profesionales sea más transparente y por méritos. Indicó que la Ley de Pemex contempla medidas de control contra personas incompetentes, pero un proceso de designación politizado no necesariamente garantiza que la mejor persona obtenga el trabajo. En un informe del secretariado de la OCDE, preparado a petición de Pemex y de las autoridades mexicanas, sugiere crear un comité coordinador, que identificará un grupo de candidatos especialmente muy competentes, del cual el Ejecutivo federal y el Senado podrían elegir.

El buen gobierno corporativo no es algo que pueda legislarse con facilidad. Por ello, no sorprende que, pese al importante progreso alcanzado, la experiencia inicial con las medidas de gobierno corporativo no haya estado a la altura de lo que se esperaba: Los objetivos contradictorios entre los principales grupos de interés con participación en las decisiones de Pemex no se resuelven en el nivel correcto, es decir, por el Estado, que actúa como propietario fuera de la empresa y el consejo.

En virtud de que el consejo, agrega, sigue siendo foro para fijar los objetivos de la empresa, cada grupo de interés coloca representantes en éste para defender sus intereses y no sigue adelante con su verdadero trabajo de acordar estrategias para alcanzar los objetivos y supervisar la administración.

Según la OCDE, los procedimientos del consejo han tenido el efecto no buscado de debilitar la gestión profesional, sobre todo la del director general.

Sin embargo, otra evaluación interna de Pemex de este documento de la OCDE considera que está viciada de origen.

Explica que se evalúa con base en las políticas y criterios de la OCDE y no con base en lo que mandata la ley en México. Se evalúa a los consejeros profesionales y al consejo de administración con una métrica equivocada. La referencia ideal de la OCDE es un Pemex corporatizado que se guía y comporta como empresa privada, pero no es lo que prevé la ley.