La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio un plazo de 48 horas al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Édgar Elías Azar, para que responda si acepta la recomendación 4/2010 por trata de personas en los reclusorios de la ciudad, documento que el pasado lunes devolvió a la comisión con el argumento de que el tribunal no era la instancia que debía tomar conocimiento de la misma, sino el Consejo de la Judicatura local.

Al contrario de lo que declaró ayer el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, en el sentido de que renviaría el documento tal y como lo solicitaba Elías Azar para evitar impunidad y se investigue a los funcionarios que permiten la prostitución de internas en penales varoniles, la CDHDF envió ayer un oficio al presidente del TSJ en el que asegura que el Consejo de la Judicatura no es una autoridad del DF, sino más bien un órgano del tribunal, según se señala en el artículo 195 de dicha instancia judicial.

Por este motivo, y debido a que el TSJ es la autoridad judicial constitucional en el DF, el presidente del organismo no puede desconocer la recomendación, especialmente porque el titular del tribunal es quien preside el Consejo de Judicatura.

Mientras, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que aceptó la recomendación, especialmente en cuanto a investigar a funcionarios de la dependencia que demoraron la integración de las averiguaciones previas relacionadas con la denuncia por una interna por acoso sexual, amenazas y abuso de autoridad y por la muerte de un recluso relacionado con un presunto catálogo de prostitutas, ocurrida en el túnel del Reclusorio Norte.