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Propone diputada aumentar penas y cancelar beneficios preliberatorios

Aumenta la violencia sexual contra menores en la ciudad

Cuauhtémoc, Iztapalapa, GAM y V. Carranza, donde más casos hay

 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de octubre de 2010, p. 39

La violencia sexual contra menores de edad se ha incrementado en esta capital durante los pasados cuatro años y, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la cifra de casos de abuso sexual y violaciones contra los niños y adolescentes sumó 4 mil 742 de 2006 a 2009.

De acuerdo con las estadísticas de esa dependencia, mientras en 2008 esos ilícitos fueron 614, para 2009 la cifra se disparó al contabilizarse mil 632 denuncias, presentadas fundamentalmente en las agencias del Ministerio Público de cuatro demarcaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde se concentra poco más de 50 por ciento de las querellas.

Los datos fueron revelados ayer en la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por la diputada Lía Limón (PAN), quien presentó una iniciativa de reformas al Código Penal de esta ciudad para incrementar las penas contra los responsables de esos delitos, e impedir que reciban beneficios preliberatorios una vez que hayan sido sentenciados.

La legisladora citó, además, informes de asociaciones civiles que prestan apoyo a víctimas de esos ilícitos, como la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas, según los cuales cada semana se presentan hasta 500 solicitudes de apoyo, de las cuales 70 por ciento son por abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Aunado a ello, comentó que el Sistema DIF de esta ciudad atiende cada semana, en promedio, dos casos de abuso contra infantes.

Con la propuesta de Lía Limón quedaría asentado en el Código Penal que en caso de que quien cometa los delitos de violación, abuso sexual u hostigamiento sexual sea funcionario público, ministro religioso, extranjero, familiar o que ejerza la patria potestad del menor, se incrementará la pena en dos terceras partes.

“Tratándose de servidores públicos –detalla el documento–, el sentenciado será destituido del cargo que ejerza en el momento de cometer el delito e inhabilitado para ejercer cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.”