Amnistía Internacional (AI) demandó a los gobiernos de América Latina y el Caribe despenalizar con urgencia el aborto, pues en varias naciones de la región se han aprobado leyes que representan un retroceso en las garantías fundamentales de las mujeres.

Todos los gobiernos del continente deben mostrar con acciones concretas su voluntad política hacia el respeto y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas y despenalizar con urgencia el aborto.

En un pronunciamiento emitido con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, AI llamó a derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres que buscan la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

Es claro que cuando se restringe el acceso de ellas a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.

La organización internacional consideró que es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países han ratificado normas internacionales que garantizan los derechos del sector femenino, existan naciones que penalicen las prácticas de aborto. Sobre todo criticó a Chile, El Salvador y Nicaragua, que lo sancionan en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la embarazada se encuentra en peligro.

La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y sicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización las condena a sufrir.

En México, en el Distrito Federal se aprobó una reforma que permite la interrupción legal del embarazo antes de las primeras 12 semanas de gestación, lo que ha redundando en beneficios para miles de mujeres. Sin embargo, en 17 entidades se modificaron las leyes locales de manera contraria y se penaliza a las mujeres que recurren en estas prácticas, incluidas aquellas que presentan abortos espontáneos.

AI aplaudió que en varios estados de América Latina, como en la ciudad de México, se hayan reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace décadas y en la capital mexicana desde 2007.

Criticó las regiones en las que no se permite interrumpir el embarazo ni siquiera por abuso sexual. Las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud. Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación, concluyó AI.