El sindicato minero nacional denunció este martes ante la Procuraduría General de la República (PGR) al juez federal que en 2008 ordenó la aprehensión de los líderes sindicales Napoleón Gómez Urrutia y Juan Linares Montúfar, por considerar que el juzgador incurrió en delitos contra la administración de la justicia al favorecer a los hermanos Germán y Genaro Larrea, dueños de Grupo México.

En su querella, abogados del gremio que encabezan la defensa de Juan Linares, presidente del consejo general de vigilancia del sindicato minero –actualmente preso en el Reclusorio Norte–, expusieron que el juez primero de distrito de procesos penales, José Trujillo Salceda, se ha negado de manera sistemática a emitir órdenes de arresto contra los dueños de Grupo México.

Los Larrea rompieron un récord del Poder Judicial Federal al convertirse en los individuos que han sido requeridos en más ocasiones como testigos de un caso (han sido citados 17 veces) y no han asistido a ningún llamado de la autoridad jurisdiccional.

La actitud renuente del juez Trujillo –que tras 17 incumplimientos de los Larrea sólo ha optado por sancionarlos con multa, pero no con arresto– fue interpretada por Linares Montúfar como una acción ilegal del juzgador, por justificar la inasistencia de los hermanos a comparecer como testigos en el proceso abierto contra el presidente del consejo de vigilancia del sindicato minero.

Comparezco (por escrito) a denunciar una serie de hechos que surgen de la comisión de conductas típicas, antijurídicas, culpables y por ende punibles, a la luz de la codificación penal sustantiva en materia federal, refiere la denuncia presentada por Linares ante la fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos.

El líder sindical agrega en su querella: formalmente denuncio al C. José Trujillo Salceda, quien actualmente funge como juez primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, y quien o quienes resulten probables responsables de los delitos de persecución oficiosa que estimo resultan cometidos en mi agravio.

Linares Montúfar expuso a la PGR que como parte del proceso penal que enfrenta por un delito bancario, derivado de la presunta disposición ilegal de 55 millones de dólares del sindicato minero, solicitó que sus abogados interroguen a los empresarios Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y Genaro Federico Larrea Mota Velasco.

Pero resulta que dichos sujetos han hecho lo imposible por incumplir con su obligación legal de comparecer para esos efectos, y el juzgador, aquí indiciado, ha contribuido de manera directa para que dichas personas se abstengan de comparecer. Incluso, ha dictado una serie de acuerdos que riñen con la más elemental lógica, amén de haber incumplido con lo resuelto por un tribunal unitario, que ordenó emitir medidas de arresto (contra los dueños de Grupo México).